Una serie de sentencias previas tiene a la Asamblea General de Pensilvania inmutable. Desde esa instancia se cree que la demanda contra el legislativo por la violencia armada en Philly es política. En los tribunales ocurrirá lo de siempre. El sistema piramidal de prelación de las leyes prevalecerá. Y la salida buscada será nuevamente bloqueada: Desde Filadelfia no se podrá promulgar leyes locales sobre armas.
Este miércoles el sistema judicial dispuso audiencia para escuchar a los abogados de la ciudad. Transcurrieron ocho horas. Se cree que pasarán semanas para escuchar el veredicto. Las únicas respuestas posibles son seguir adelante la demanda en el Tribunal de la Commonwealth o ser desestimada. Un panel de jueces estatales lo está considerando. Revisan si la lucha de Filadelfia para promulgar sus propias medidas de control de armas debe seguir adelante.
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La historia advierte que la ciudad se enfrenta a un nuevo fracaso. Los abogados de la legislación ilustran que la demanda tiene matiz político. De allí que insistan a buscar soluciones en la Asamblea y no en los tribunales. Los antecedentes previos son demoledores. En la década de 1990, los ex consejeros Ángel Ortiz, David Cohen y Jannie Blackwell fracasaron en una empresa similar. En 2007 los entonces consejeros Darrell Clarke y Donna Reed Miller les fue esquivo el éxito. Según Aaron Moselle, periodista de WYHH, un caso similar en la década de 1970 también fracasó.
Demanda contra el legislativo
No existe una condición jurídica que haga pensar que los tribunales en esta ocasión actuarán diferente a como lo han hecho antes. Los abogados de la ciudad argumentaron que las leyes estatales de prelación deberían ser invalidadas. Son los textos que hacen ilegal que Filadelfia apruebe leyes locales sobre armas. Indicaron que la preminencia pone vidas en peligro, especialmente en las comunidades de color más afectadas por la violencia armada.
En eso se basa la demanda contra el legislativo. El abogado Alex Bowerman dijo al panel que esas medidas son inconstitucionales. Los residentes tienen el derecho legal de “disfrutar y defender la vida y la libertad” según la constitución de Pensilvania.
Impedir que Filadelfia promulguen leyes destinadas a frenar la violencia con armas de fuego, infringe el derecho constitucional. “El mismo que concede a todos el derecho a defender la vida y la libertad”, dijo. De allí que Filadelfia tendría inherencia para regular permisos de compra y límites a la compra de armas a granel.
Todo esto ocurre en medio de un aumento histórico de la violencia con armas de fuego. Los tiroteos están llevando a Filadelfia a establecer un nuevo récord de homicidios en un año.
“La gente está muriendo a un ritmo alarmante y es por culpa de las acciones de los demandados en este asunto”. Así lo dijo Bowerman durante la hora de audiencia.
Otro punto considerado valioso
La demanda contra el legislativo argumenta que se debería permitir a Filadelfia y Pittsburgh aprobar una legislación más estricta. Un texto legal que apunte directamente sobre el control de armas. Las ciudades tienen la responsabilidad legal de “proteger la salud, la seguridad y la calidad de vida de sus ciudadanos”. A esta demanda están suscritos la ciudad, el Fondo Educativo CeaseFire y familias de las víctimas. Bowerman reiteró este punto durante la audiencia del miércoles.
Frente a estos argumentos la contraparte tiene sus puntos de vista. Esos también serán examinados por el Sistema Judicial de Pensilvania. Los abogados de la Asamblea General del Legislativo creen que los demandantes deben seguir otro camino. “Los residentes y las organizaciones deberían presionar a los legisladores para obtener una nueva legislación”. Allí está la salida a su desacuerdo con las leyes estatales sobre la preeminencia de las armas de fuego.
“Para eso está la Asamblea General”, dijo Mark Bradshaw. Él es uno de los abogados que representa al presidente de la Cámara de Representantes, Bryan Cutler, otro demandado.
“La dura realidad es que este fue un asunto que se decidió a través del proceso demócrata”, dijo Thomas Collins. Se trata de uno de los abogados que representan a la Asamblea General.
Con jurisprudencia en contra
Los abogados de la demanda contra el legislativo tienen claro el panorama. La defensa del legislativo recordó que otros tribunales se han puesto del lado del estado y de la Asamblea General. No es la primera vez que se han impugnado las leyes de prelación de armas de fuego de Pensilvania.
En 2007 los entonces consejeros Darrell Clarke y Donna Reed Miller demandaron al Estado. Existían las mismas circunstancias: aumento de la violencia con armas de fuego. Alegaron que la Asamblea General impedía a la ciudad aplicar medidas de control de armas más estrictas. La policía registró 391 asesinatos ese año.
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La demanda fue finalmente desestimada por un panel de jueces del Tribunal de la Commonwealth. Dictaminó que la ciudad no podía instituir sus propias medidas de control de armas. La causa: debido a las leyes estatales de preeminencia “impuestas por la legislatura”.
En la década de 1990, los ex concejales Angel Ortiz, David Cohen y Jannie Blackwell hicieron lo mismo. Demandaron al Estado tras un intento fallido de prohibir las armas de asalto en Filadelfia.
Un caso similar en la década de 1970 también fracasó.
“En todos estos casos, la constitucionalidad de las normas de prelación ha sido confirmada por los tribunales”, dijo Collins.
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