Un juez federal determinó que la política del Gobierno del presidente Donald Trump que permite deportar inmigrantes a terceros países con los que no tienen vínculos es ilegal y debe ser anulada, en un nuevo episodio del prolongado pulso judicial sobre las medidas migratorias en Estados Unidos.
El juez de distrito Brian E. Murphy, con sede en Massachusetts, resolvió que los inmigrantes afectados tienen derecho a recibir una “notificación significativa” y la oportunidad de impugnar su traslado antes de ser enviados a un país distinto al de origen. No obstante, aceptó suspender su decisión durante 15 días para dar tiempo al Gobierno a presentar una apelación.
El fallo se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara el año pasado a la administración federal al pausar una orden previa del juez Murphy, lo que permitió que un vuelo con varios inmigrantes completara su traslado a Sudán del Sur, país devastado por la guerra y con el que los deportados no tenían lazos.
En su resolución más reciente, el juez de distrito Brian E. Murphy sostuvo que la política del Departamento de Seguridad Nacional “extingue impugnaciones válidas” al ejecutar las deportaciones antes de que puedan presentarse recursos legales. Citando el principio constitucional del debido proceso. El magistrado Murphy afirmó que ninguna persona en territorio estadounidense puede ser privada de libertad sin las garantías legales correspondientes.
La decisión judicial también menciona que, en marzo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos trasladó al menos a seis integrantes del grupo demandante a El Salvador y México sin cumplir con una orden de restricción temporal vigente. Dos días después de esa orden, el Gobierno emitió nuevas directrices sobre deportaciones a terceros países.
En junio, la mayoría conservadora del Supremo avaló la potestad de las autoridades migratorias para acelerar deportaciones a otros destinos. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon, al considerar que el fallo otorgaba un trato preferencial al Ejecutivo.
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Según el juez, la política ha impactado incluso a inmigrantes con protección contra la deportación a sus países de origen por temor a tortura o persecución. Ocho hombres enviados a Sudán del Sur en mayo tenían antecedentes penales y órdenes finales de expulsión, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso vuelve a situar el debate migratorio en el centro de la confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en Estados Unidos.
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