El Sindicato de custodios penales de Pensilvania no se quiere vacunar. Así que amenaza con hacer valer su decisión a través de una acción legal. Planifican demandar al gobernador Tom Wolf para detener su esfuerzo por obligarles a recibir las vacunas COVID-19.
John Eckenrode, presidente del sindicato, no ve a sus agremiados inmunizados para el próximo mes. Oficialmente la Asociación de Funcionarios Penitenciarios del Estado de Pensilvania remitió una misiva a Harrisburg. La carta fue redactada y enviada dos días después de que Wolf ordenara a los guardias y a algunos otros trabajadores estatales que se vacunaran completamente antes del 7 de septiembre o se enfrentaran a pruebas semanales.
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Una decisión similar fue tomada por la Casa Blanca recientemente. Todos los empleados Federales y las empresas junto a su fuerza laboral que tienen contratos deben vacunarse. Es parte de las nuevas medidas para contener el avance de la virulenta variante Delta de la COVID-19. Sobre el tema escribió Mark Scolforo de WYHH, quien tomó datos de la Associated Press.
Custodios no se quieren vacunar
El presidente del sindicato de custodios que no se quieren vacunar tuvo palabras directas para Wolf. Dijo que “el anuncio de su política era “una bofetada en la cara”. Añadió que “francamente, ha sido demasiado tarde, porque miles de nuestros miembros ya han sido infectados, debido a su inacción”.
La nota de WYHH News colcoó en boca de Eckenrode más declaraciones. “Este es el último episodio de lo que ha sido una política de vacunación/prueba/enmascaramiento lamentablemente incoherente. Llevado a cabo por parte de esta administración en nuestras prisiones estatales”, escribió. Añadió que el sindicato “ha dado instrucciones a un asesor legal para desafiar este último cambio de política propuesto.”
Palabras desde Harrisburg
La secretaria de prensa de Wolf, Lyndsay Kensinger, se expresó este jueves. Dijo que la iniciativa fue diseñada para proteger a los guardias, a sus familias. Asimismo para amparar a las personas con las que trabajan. Desde Harrisburg no se tiene una idea del por qué no se quieren vacunar los custodios.
“El sindicato existe para proteger y apoyar a los empleados que representa. De allí que la oposición del sindicato de correccionales a esta iniciativa es extremadamente decepcionante”, dijo Kensinger. La aspiración de la Gobernación es detener la propagación del COVID-19.
El sitio web del Departamento de Prisiones indica que alrededor de 4.800 de los más de 12.000 empleados del sistema penitenciario han sido infectados por el coronavirus. La Union dice que casi 3.700 de sus miembros se han contagiado de COVID-19. El departamento admitió que unos 3.600 empleados de prisiones están actualmente totalmente vacunados.
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Eckenrode dijo a Wolf que el plan de pruebas no hará más segura a la gente. Argumentó que no se extiende a los familiares de los reclusos, los contratistas, los proveedores y los voluntarios.
“En cuanto al enmascaramiento, nuestros miembros están obligados a llevarlo, pero los reclusos no”, dijo Eckenrode. De allí que concluyó que la política de enmascaramiento no hace más seguras las prisiones.
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