Cuando la familia de Roberto Mosquera dejó de recibir noticias suyas en junio, pensó que el silencio era parte del tortuoso proceso migratorio de Estados Unidos. Sin embargo, un mes después, una publicación en redes sociales del gobierno de Donald Trump reveló un destino insólito: el cubano de 58 años había sido deportado no a La Habana, sino al remoto reino africano de Esuatini.
Mosquera fue detenido el 13 de junio en Miramar, Florida, durante un control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según Ada —una amiga cercana de la familia que habló bajo pseudónimo por temor a represalias—, las autoridades aseguraron que el hombre sería repatriado a Cuba, país que abandonó a los 13 años. Pero el 16 de julio, Ada reconoció su rostro en una fotografía publicada en la red social X por Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La funcionaria anunció el traslado de cinco “criminales extranjeros” a Esuatini, un pequeño reino sin salida al mar enclavado entre Sudáfrica y Mozambique.
“Jamás había oído hablar de Esuatini”, confiesa Ada. “Pensé que debía haber un error”.
El cubano fue enviado junto a ciudadanos de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen, según un acuerdo al que tuvo acceso la AFP. El documento estipula que Esuatini aceptaría recibir a 160 deportados a cambio de 5,1 millones de dólares destinados a “fortalecer su capacidad de gestión fronteriza y migratoria”. Desde entonces, el reino ha recibido varios grupos de expulsados bajo este convenio.
La Administración Trump ha defendido estos traslados como una “solución innovadora” para deportar a extranjeros con antecedentes penales cuyos países de origen rechazan recibirlos. En la publicación de McLaughlin, Mosquera aparece con barba blanca y uniforme naranja, descrito como un miembro de la pandilla Latin Kings condenado por asesinato. Pero su entorno desmiente esa versión.
Según documentos judiciales revisados por la AFP, Mosquera fue condenado en 1989 por intento de asesinato y cumplió nueve años de prisión. Liberado en 1996, tuvo posteriores arrestos por robo y agresión, pero llevaba años viviendo en libertad. “Pagó por sus errores”, dice Ada. “No merecía esto”.
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En Esuatini, Mosquera y otros deportados permanecen en una prisión de máxima seguridad, con comunicación limitada y bajo estricta vigilancia. “Estos hombres están en un agujero negro legal”, denuncia el abogado vietnamita-estadounidense Tin Thanh Nguyen.
Para Ada, la historia de su amigo se ha convertido en una pesadilla. “Lo arrancaron de su vida sin explicación”, lamenta. “Y ahora está perdido en un país del que ni siquiera sabíamos que existía.”
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