El exministro de Economía de Cuba Alejandro Gil fue condenado en primera instancia a cadena perpetua por espionaje y otros delitos económicos, tras un juicio celebrado en La Habana en el más absoluto secreto.
“El Tribunal le impuso la sanción conjunta a cumplir de privación perpetua de libertad”, al “considerarlo responsable de los delitos de espionaje” y de “actos en perjuicio de la actividad económica”, señaló el máximo órgano judicial de la isla en un comunicado publicado este lunes.
Al igual que sucedió cuando Gil fue imputado a finales de octubre, la corte suprema no precisó para qué país o entidad se llevaron a cabo los actos de espionaje.
Durante el juicio, el exministro fue encontrado culpable de “cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados”, agregó el Tribunal Supremo.
“Incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”, precisó.
Gil, de 61 años y conocido por su cercanía al presidente Miguel Díaz-Canel, también fue objeto de un segundo proceso por el que recibió una condena de 20 años de prisión, tras ser hallado culpable de cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.
“Actuar corrupto y simulador”
“Mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes”, detalló la corte suprema.
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El exministtro tiene ahora 10 días para recurrir ambas condenas. En el caso de la pena de cadena perpetua, la legislación cubana establece un recurso automático, lo que implicará obligatoriamente un segundo juicio.
Gil ocupó la cartera de Economía y Planificación desde 2018 hasta su repentina destitución en febrero de 2024. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en público.
Su destitución ha suscitado interrogantes en un momento en que el país atraviesa su peor crisis económica en treinta años y experimenta una apertura caótica al sector privado, con una fuerte inflación, el empobrecimiento de gran parte de la población y un aumento de las desigualdades.
Un juicio en la periferia
Ambos procesos se celebraron el mes pasado en un tribunal de un barrio de la periferia de La Habana, a puertas cerradas y bajo el hermetismo de los medios oficiales.
El juicio comenzó el 11 de noviembre. El primer día de la vista los alrededores fueron vigilados por patrullas de la policía y numerosos agentes vestidos de paisano, según constató la AFP.
El 26 de noviembre, la AFP fue testigo de la llegada al tribunal de la esposa y la hija del exministro.
Al día siguiente del anuncio de la imputación de su padre, Laura María Gil salió en su defensa, reclamando en Facebook “un juicio público” y “transmitido en directo” por televisión”.
Asimismo, pidió que la fiscalía proporcionara públicamente “pruebas” sobre las acusaciones de espionaje, dijo que su padre negaba todas las acusaciones.
Gil, un ingeniero especializado en transporte, comenzó su vida profesional en el puerto de La Habana. Trabajó en varias empresas públicas cubanas en el país y en el extranjero. Posteriormente, se incorporó al Ministerio de Finanzas y luego al de Economía.
Su expulsión no es una novedad en el poder cubano, marcado por una sucesión de destituciones repentinas, a menudo rodeadas de misterio, en períodos de crisis o tensiones internas.
Entre las más notorias figura la de Roberto Robaina, miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro de Relaciones Exteriores, cuya brillante carrera se vio truncada en 1999 por “deslealtad” hacia el entonces gobernante Fidel Castro.
Luego, en 2009, bajo la presidencia de Raúl Castro, se registraron la vertiginosas caídas de Felipe Pérez Roque, jefe de la diplomacia, y de Carlos Lage, secretario del Consejo de Ministros, ambos destituidos por conducta “indigna”.
La destitución más sonada hasta la fecha sigue siendo el caso del general Arnaldo Ochoa, acusado junto con otros oficiales de tráfico de drogas.
Tras un juicio calificado de estalinista por la disidencia, este excombatiente de la guerrilla castrista en la Sierra Maestra y héroe de la intervención militar en Angola fue fusilado en 1989.
Por: AFP
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