La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este 16 de agosto una solicitud de la Administración del presidente Joe Biden para que se pongan en vigencia nuevas protecciones a favor de estudiantes transgénero en diez estados, donde han sido bloqueadas por jueces federales.
La decisión del Tribunal Supremo expresa que se mantienen en pausa en una decena estados de mayoría conservadora, las disposiciones promulgadas hace varios meses por el gobierno de Biden orientadas a proteger a los estudiantes transgénero de discriminación basada en su identidad de género.
La medida del Gobierno federal se encuentra generalmente bloqueada en al menos la mitad de los estados del país, en virtud de otras querellas judiciales, y se mantendrán así mientras siguen su curso legal.
En su comunicación, los nueve miembros del máximo tribunal indicaron que algunas partes de las nuevas reglas no pueden entrar en vigencia hasta que se resuelvan las impugnaciones legales.
La nueva regla formulada por el Departamento de Educación ampliaba los alcances de una ley de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en escuelas que reciben fondos federales, e indicaba que eso incluye también la discriminación en base a la identidad de género, la orientación sexual y el embarazo o condiciones relacionadas.
Otras disposiciones de esa nueva normativa abarcan la protección de las estudiantes embarazadas y en postparto, incluso el acceso a espacios de lactancia y la prohibición de represalias que no han sido objeto de disputas legales.
Tras ser emitida la medida, de inmediato varios estados se querellaron contra el Departamento de Educación al manifestar que las nuevas disposiciones, y en concreto la cobertura de la identidad de género para los casos de discriminación por sexo, excedían su autoridad.
Esta decisión del Tribunal Supremo emitida el 16 de agosto está relacionada a dos demandas presentadas en Luisiana y Kentucky, cada una de las cuales abarca a varios estados donde, luego del resultado de la referida fecha se mantendrá bloqueado el conjunto de las disposiciones.
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En virtud de que las cortes de apelaciones rechazaron poner en vigor algunas de las disposiciones, la Administración federal pidió la intervención de la máxima instancia judicial, con el desenlace dado a conocer el 16 de agosto.
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