La Corte Suprema de Estados Unidos acordó examinar una ley de Luisiana, acusada de restringir el acceso al aborto, en un caso altamente sensible que pondrá a prueba a los nueve jueces nombrados por el presidente Donald Trump.
Los nueve juristas examinarán el fondo de una ley, adoptada en 2014 en este estado del sur de Estados Unidos, a la que habían bloqueado in extremis su entrada en vigor el invierno pasado.
El texto contempla que los médicos voluntarios que realicen abortos tengan una autorización de ejercicio en un hospital que esté ubicado a menos de 50 kilómetros del sitio donde se realiza la interrupción del embarazo.
Según los defensores del derecho al aborto, estas condiciones son demasiado drásticas y solo un médico y una clínica podrán continuar practicando abortos en todo el estado.
Según el portal de noticias Infobae, Luisiana justificó la medida mencionando los riesgos de complicaciones y la necesidad, en caso de que surjan problemas, de transferir a pacientes a hospitales vecinos.
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Un tribunal de apelación permitió que la ley entrara en vigencia en febrero. Sus oponentes apelaron entonces a la Corte Suprema con urgencia y, en vísperas de la fecha límite, el tribunal bloqueó por una mayoría muy limitada (cinco de nueve jueces) sin pronunciarse sobre el fondo.
Por lo tanto los jueces anunciaron que lo examinarán durante la sesión 2019-2020.
La decisión, que llegará en plena campaña presidencial de 2020, permitirá evaluar si el tribunal cambia su posición sobre el aborto.
Desde la llegada de Donald Trump, quien prometió durante su campaña nombrar jueces con posturas contrarias al aborto en la Corte, los conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se han unido al tribunal, torciendo la balanza contra ese derecho consagrado en EEUU con el fallo Wade v. Rose.
En febrero, los dos hombres tomaron partido para la entrada en vigor de la ley de Luisiana, pero la ley se bloqueó porque el presidente de la Corte, John Roberts, un conservador que había apoyado la ley de Texas, esta vez se unió a sus cuatro colegas progresistas.
Actualmente, ocho estados del centro y sur del país han restringido el acceso al aborto, avanzando en el cierre de todos los establecimientos en los que las mujeres podían acceder a la práctica.
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