La Corte Penal Internacional (CPI) formuló una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el organismo en un comunicado de prensa este viernes 17 de marzo.
En sus alegatos la CPI expone que el mandatario ruso es responsable de crímenes de guerra, que incluyen la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. El tribunal denunció que los crímenes se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022 cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala contra su país vecino, en Europa del este.
El comunicado emitido por la CPI refiere que Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
Statement by Prosecutor #KarimAAKhanKC on the issuance of arrest warrants against President Vladimir Putin and Ms Maria Lvova-Belova
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La CPI asegura que tiene motivos razonables para creer que el mandatario cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas. Asimismo, el tribunal indicó que el presidente ruso no ejerció sus competencias para detener a otros funcionarios del gobierno ruso que deportaron menores.
“Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, alega la CPI.
#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine
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El organismo hace referencia al caso de la Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente Ruso, María Alekseyevna Lvova-Belova, que estaría en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia. La CPI también emitió una orden de arrestos en su contra.
Según la CPI, Lvova-Belova también fue “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)” de las partes ocupadas de Ucrania.
Pese a la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la Corte.
Rusia ha calificado de absurdas las informaciones sobre traslados forzosos y asegura que hace todo lo posible para que los menores permanezcan con sus familias.
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“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo la portavoz el gobierno ruso María Zakharova en su canal de Telegram.
“Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles ‘recetas’ para el arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros”.
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