Una corte de apelaciones rechazó este miércoles 26 de marzo un intento del gobierno del presidente Donald Trump de levantar una orden judicial que prohíbe deportar a migrantes en situación irregular bajo una ley del siglo XVIII, usada hasta ahora sólo en tiempos en guerra.
El gobierno de Trump envió dos aviones con migrantes venezolanos a una megacárcel de El Salvador el 16 de marzo tras invocar una ley de 1798.
Washington los considera miembros del Tren de Aragua, grupo al que declaró “organización terrorista” global. No aportó pruebas.
Los abogados de varios de los venezolanos deportados han declarado que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido ningún delito y fueron tomados como blanco principalmente por sus tatuajes.
El 15 de marzo, James Boasberg, juez de una corte de distrito de Washington, suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de esa ley. La Administración recurrió.
Un panel de tres jueces votó a favor, por dos votos contra uno, de mantener temporalmente la prohibición de expulsar a migrantes bajo una ley que solo se había invocado durante la Guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Las juezas Karen Henderson, designada por el presidente republicano George H.W. Bush, y Patricia Millett, nombrada por el demócrata Barack Obama, votaron a favor de mantener vigente la prohibición temporal, mientras que el magistrado Justin Walker, designado por Trump, discrepó.
Millett afirmó que se expulsó a los migrantes venezolanos basándose únicamente en las acusaciones del Gobierno, “sin previo aviso, sin audiencia, sin oportunidad, ningún proceso, para demostrar que no son miembros de la pandilla” Tren de Aragua.
“Si el Gobierno puede elegir renunciar a un proceso justo e igualitario para algunas personas, puede hacer lo mismo para todos”, estimó.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, visitó el miércoles 26 de marzo la prisión de El Salvador donde se encuentran recluidos los venezolanos.
Antes de llegar Noem dijo en las redes sociales que se reuniría con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para abordar de qué manera Estados Unidos “puede aumentar el número de vuelos de deportación y expulsiones de criminales violentos”.
“Mejor trato” para nazis
Durante una vista judicial el lunes 24 de marzo, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, sostuvo que la orden del juez “representa una intrusión sin precedentes y enorme en los poderes del brazo ejecutivo” e impide a Trump ejercer “sus poderes en materia de guerra y asuntos exteriores”.
Millett estimó sin embargo que “los nazis recibieron mejor trato” que los venezolanos expulsados a El Salvador cuando se les aplicó la ley de enemigos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda contra las deportaciones junto con otros grupos, aplaudió el fallo judicial.
“La decisión significa que cientos de individuos permanecen protegidos de ser enviados” a una prisión “en un país extranjero, sin ningún tipo de debido proceso”.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, insistió en que el presidente Trump debe cumplir las leyes y “no le permiten usar poderes de guerra cuando Estados Unidos no está en guerra y no ha sido invadido”.
Boasberg, el juez del tribunal de distrito, afirma que los migrantes sujetos a una potencial deportación bajo la ley de guerra deben tener “derecho a audiencias individualizadas”.
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Trump ha atacado a Boasberg, llegando incluso a pedir su destitución, lo que le ha valido una reprimenda pública del presidente de la Corte Suprema John Roberts.
El caso preocupa a expertos jurídicos por la posibilidad de que la administración haga caso omiso de la orden judicial y desencadene una crisis constitucional.
Por: AFP
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