Este 2019 traerá desafíos con respecto al tema de inmigración en los Estados Unidos, los beneficiarios de los programa DACA Y TPS tendrán duras batallas para regularizar sus respectivos estatus migratorios y alcanzar el sueño americano sin temer por su situación legal.
Más de un millón de indocumentados beneficiados por los programas de amparo se encuentran en la mira de la Administración del presidente Donald Trump y serán estudiados por la Corte Suprema este 2019.
Dentro de lo que se espera sea lo primero que evaluará el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, está la situación de los casi 700.000 beneficiados por la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA).
Este programa fue creado en 2012 por el expresidente Barack Obama para regularizar de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.
Acontecimientos DACA
Desde que era candidato, Trump prometió abolir este programa y, finalmente, en septiembre de 2017 el entonces fiscal general de la actual Administración, Jeff Sessions, anunció la rescisión del programa.
No obstante, cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que el programa se mantenga y que Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE.UU. continúe aceptando renovaciones.
Al de California le siguieron en la misma línea otros dos magistrados federales y ello llevó a la Administración a pedir la intervención de la máxima instancia judicial, casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa.
United We Dream, la organización más grande que agrupa a los beneficiarios de DACA, estima que la Corte Suprema podría decidir si atiende este caso a mediados de enero.
Luis Cortés, uno de los abogados demandantes y que representa a seis beneficiarios de DACA, cree que la llegada del juez Brett Kavanaugh a la Suprema no es alentador, ya que “últimamente ha votado del lado del Gobierno y ha seguido su tendencia ultra conservadora”, declaró a medios de comunicación.
Cortés, también beneficiado por la Acción Diferida, ve una esperanza en el magistrado Neil Gorsuch, que a pesar de haber sido nominado por el presidente Trump ha fallado hace poco a favor de los inmigrantes y en contra del actual Gobierno.
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César Vargas, cofundador de Dream Action Coalition, señaló que los amparados por DACA deben estar preparados para un fallo adverso y, además de invocarles a renovar su estatus para así ganar dos años más, avisa que hay que destinar esfuerzos en presionar al Congreso.
“Las demandas nos dieron tiempo pero, aún si la Corte Suprema falla a nuestro favor, necesitamos una solución definitiva y no podemos perder este objetivo”, advirtió Vargas, quién también estuvo amparado por el programa DACA.
Caso TPS
Al Congreso también apuntan los más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), el amparo migratorio concedido a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.
Este programa ha sido cancelado por el presidente Trump en el caso de algunos países y es objeto también de batallas legales.
“Tenemos que ganarnos un espacio en la mente de los estadounidenses para que entiendan el valor de las personas con TPS”, indicó Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés).
En febrero próximo, un grupo de 3.000 amparados por el TPS, entre activistas y miembros de organizaciones que conforman la Alianza TPS, llegará a Washington para pedir al nuevo Congreso, cuya cámara Baja será ya de mayoría demócrata, una solución permanente.
De hecho, varios congresistas hispanos han enviado una carta a Nancy Pelosi, quién asumió la dirección de dicha cámara en enero, para que en los primeros cien días de trabajo el nuevo Congreso promulgue leyes que protejan a los beneficiados por DACA y TPS.
El otro frente de batalla para los activistas en defensa del TPS está en los tribunales.
NDLON fue una de las organizaciones detrás de la demanda en contra del Gobierno de Trump y que fue respaldada por el juez federal Edward Chen, quien en junio pasado permitió que continúe la querella en contra de la cancelación del TPS.
El juez tendrá que emitir una decisión final sobre la demanda, aunque Alvarado cree que Chen se ratificará y, por tanto, la Administración federal llevará el asunto al Tribunal Supremo.
Tanto Alvarado como Vargas advierten que aunque finalmente se logre aprobar un proyecto de ley que legalice a los amparados de DACA y TPS, existe la posibilidad de que Trump se niegue a convertirlas en ley.
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