La ciudadanía por derecho de nacimiento, o ius soli, derecho del suelo, ha sido una de las medidas del presidente Donald Trump que ha generado grandes cuestionamientos, al considerarse que altera un pilar de los valores estadounidenses.
Estados Unidos es uno de los al menos 30 países en el mundo que otorgan la ciudadanía por nacimiento, que también se aplica en: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chad, Chile, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiyi, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Lesoto, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela.
Estos son países que, o bien tienen sistemas legales derivados del derecho consuetudinario británico, donde se desarrolló la práctica del “jus soli”, o bien instauraron la medida de otorgar la ciudadanía instantánea con el fin de atraer gente a sus países, como sucede en naciones de centroamericanas y sudamericanas.
Por el contrario, muchos países de Asia, Europa y partes de África se adhieren al principio del ius sanguinis, derecho de sangre, que es donde los hijos heredan la nacionalidad de sus padres, independientemente de su lugar de nacimiento.
Otros países tienen una combinación de ambos principios y también conceden la ciudadanía a los hijos de residentes permanentes.
Cambiaron sus leyes sobre el derecho a la ciudadanía
Muchos países han cambiado sus leyes sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La mayoría de ellos tendiendo a introducir condiciones más restrictivas en torno a la obtención de la nacionalidad por nacimiento.
Francia, hasta 1993, otorgaba nacionalidad instantánea por nacimiento, no como sus vecinos europeos. Ahora los niños nacidos en este país de padres extranjeros deben solicitar la ciudadanía francesa cuando cumplen la edad de 18 años.
Reino Unido, considerado el lugar de la nacionalidad automática por nacimiento, también modificó sus criterios en 1983, requiriendo que al menos uno de los dos progenitores estuviera legalmente asentado en el país. Tanto India como Malta abolieron el derecho a la ciudadanía instantánea por nacimiento.
Alemania, por su parte, ha liberalizado sus leyes de naturalización en años recientes. El derecho a la ciudadanía se basaba antes exclusivamente en la nacionalidad de los padres, pero, desde 2000, los niños de progenitores extranjeros pueden obtener la ciudadanía alemana si al menos uno de sus papás tiene residencia permanente desde al menos tres años y reside en el país al menos ocho.
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Desafíos legales
Trump está convencido de que Estados Unidos forme parte de la lista de país que cambiaron sus leyes. A través de una orden ejecutiva firmada el pasado 20 de enero, busca redefinir las políticas sobre ciudadanía.
El decreto establece que las agencias gubernamentales no reconocerán como ciudadanos estadounidenses a los hijos de madres que se encontraban ilegalmente o con una visa temporal en Estados Unidos al momento del nacimiento.
Esta medida enfrenta desafíos legales, puesto que, hasta ahora, son tres los jueces federales que la bloquean: la sentencia de un juez federal en Nueva Hampshire, así como dos similares de jueces en Seattle y Maryland.
En el centro de las demandas de los tres casos se encuentra la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostenía que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.
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