Una investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las “masacres” de civiles, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un extenso informe difundido este miércoles 11 de diciembre por esta comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica de “masacres” las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales”.
El informe es resultado de una visita de observadores de la CIDH por invitación del Estado boliviano entre el 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron anulados, murieron 36 personas por la violencia en el país, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.
Otras entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia cifran en al menos una veintena los fallecidos, 10 en Sacaba el pasado 15 de noviembre y otros 10 en El Alto el 19 del mismo mes.
El estudio de la CIDH advierte que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares “habrían abierto fuego contra la población civil”. La comisión recoge que la versión oficial niega que fueran las fuerzas del orden las que dispararan, mientras que las víctimas denuncian “represión con armas de fuego”.
“Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, detalle el informe. Además, “los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”, añade el informe.
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La CIDH fue informada también de otras muertes, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos violentos en el país. “Se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales”, subraya.
La comisión asegura que el Gobierno interino de Bolivia se ha mostrado “plenamente de acuerdo” con una investigación internacional.
La CIDH emite una serie de conclusiones y la primera de ellas es la necesidad de una investigación internacional. También “suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, para “restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz”. La comisión rechazó cualquier “amnistía” a quienes se considere responsables de estos hechos violentos.
Por su parte, el Gobierno interino de Bolivia respondió que el citado informe es “segado” y “vergonzoso”. “Es increíble cómo se maneja cierta gente, es vergonzoso, por decirlo de la manera más sutil, el trabajo de la CIDH, no es un buen trabajo y lo vamos a revertir”, criticó este miércoles el ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo.
“Vamos a mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país”, manifestó Murillo en una conferencia de prensa en La Paz. El ministro denunció que el informe no refleja la realidad de los hechos y solamente favorece a lo que calificó de “narcoterrorismo”, sin dar más detalles.
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