El Gobierno chileno lamentó la decisión de su homólogo venezolano de suspender los vuelos directos entre los dos países, en un nuevo paso del conflicto diplomático que se mantienen desde la celebración de las últimas elecciones presidenciales en la nación caribeña el pasado 28 de junio.
“Se trata de una decisión unilateral que vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad a cerca de 800 mil venezolanos que residen en nuestro país. Es una acción injustificada y que lamentamos”, dijo un portavoz del ministerio chileno de Asuntos Exteriores en un breve mensaje.
Una fuente del Ministerio de Transporte de Venezuela informó de la citada suspensión el miércoles 25 de septiembre, consignada en un NOTAM emitido por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), adscrito a esa cartera de Estado.
“Se suspenden las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile”, indica el documento sin explicar el motivo.
El gobierno venezolano suspendió estas operaciones un día después de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, llamó “dictadura” al Gobierno venezolano al que acusó de pretender “robarse” los comicios del 28 de julio, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Boric llamó a que se reconozca “el triunfo” que el antichavismo agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que obtuvo su abanderado Edmundo González Urrutia, por un amplio margen.
La suspensión de vuelos con Chile se suma al cese “temporal” de las operaciones aéreas con Panamá, República Dominicana y Perú, vigente desde el 31 de julio por orden del Gobierno venezolano, según dijo, en rechazo “al injerencismo de Gobiernos de derecha” respecto a los comicios presidenciales cuyos resultados aún se desconocen de forma detallada.
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En fecha reciente, la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas (ALAV) venezolana, Marisela de Loaiza, dijo que la suspensión con Panamá, República Dominicana y Perú es una medida “política” con la que el país caribeño redujo un 54% su conectividad internacional.
De los 181 vuelos internacionales a la semana que había antes de la medida, quedaban 83, es decir, 98 menos, que equivalen a unos 15.000 asientos semanales que ya no están disponibles, aseguró la asociación.
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