En los últimos tiempos los señalamientos por supuestos de corrupción en los Estados Unidos dentro de los estratos políticos ha alcanzado la cúspide misma del “olimpo” representada en la Casa Blanca, razón por los que los datos de una reciente encuesta de presuntos prevaricados en la Unión no resulten tan alarmantes.
Sin embargo saber que Chicago está a la cabeza de esta oscura lista de pillaje donde los dineros públicos es el botín, es un dato interesante nacido de una investigación universitaria realizada por el alma mater de la Ciudad de los Vientos.
Dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos el tema de la corrupción está más asociado a sus países de origen. El propio Departamento de Estado se encarga de sancionar a las naciones del tercer mundo de América –y de otros continentes- cuando los desmanes en términos de administraciones dudosas se desbordan.
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Sin embargo hoy estamos frente a los datos que divulga un colaborador de la revista Forbes, Niall McCarthy, quien mostró a la audiencia una lámina que resumen los datos encontrados en un nuevo informe de la Universidad de Chicago que ha arrojado luz sobre las ciudades y estados de EE.UU. con mayor corrupción en el sector público.
McCarthy es periodista de datos que cubre temas tecnológicos, sociales y de medios de comunicación.
El hizo referencia a un material de investigación que es coautorado por el profesor y asesor político de University of Illinois at Chicago, Dick Simpson. El reporte se basa en un análisis de las estadísticas de corrupción pública publicadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En todos los estados y distritos judiciales federales de los Estados Unidos, ha habido 19 mil 634 condenas por corrupción pública en los últimos diez años. Sólo en 2018, 695 funcionarios públicos, empleados federales y contratistas del gobierno fueron condenados por corrupción pública.
No hay novedades
Al parecer la investigación determinó algo que en la Unión todos saben: Chicago sigue siendo la ciudad más corrupta de los Estados Unidos, donde el Distrito Judicial de Illinois-Norte registró 1.750 condenas por corrupción pública entre 1976 y 2018.
En el ranking le siguieron Los Ángeles con 1.547 y el Distrito Judicial del Sur de Nueva York con 1.360.
Los datos también ponen de relieve la magnitud del problema en los 50 estados y el Distrito de Columbia.
De acuerdo a los datos divulgados por Niall McCarthy, D.C. tuvo el mayor número de condenas por corrupción pública por cada 10 mil habitantes entre 1976 y 2018 con 16,79. Esto se debe a varios factores, como una población comparativamente baja, pero también porque es el centro del gobierno nacional y la ubicación del Departamento de Justicia.
Casi todas las agencias federales del país están alojadas allí con un gran número de empleados del gobierno que pueden controlar e investigar los delitos.
Louisiana ocupa el segundo lugar en la lista de condenas per cápita con 2,62 por cada 10.000 habitantes, mientras que el alto número de delitos de Chicago asegura que Illinois ocupa el tercer lugar con 1,66.
Comentarios del reporte
El material que dio forma al informe anticorrupción #12 fue divulgado el17 de febrero de 2020 y autorizado para su publicación por Dick Simpson, Thomas J. Gradel, Michael Dirksen y Marco Rosaire Rossi adscritos al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois en Chicago.
Los informes y estadísticas del Departamento de Justicia no desglosan o discuten las personas condenadas ni describen los casos individuales detrás de las cifras. Tampoco se discuten las acciones federales que no sean condenas, como investigaciones criminales, acusaciones y sentencias.
De acuerdo al reporte del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, sus investigadores aclararon que para obtener una imagen más completa de la corrupción pública y política en Chicago e Illinois, examinaron informes del Fiscal del Estado del Condado de Cook, de los inspectores generales del estado y de los gobiernos locales.
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“Además, hemos buscado informes de los medios de comunicación sobre la corrupción pública. En el apéndice 1 de nuestro informe, además de las condenas federales específicas por corrupción, incluimos las condenas por corrupción pública no federal y otras acciones de aplicación de la ley contra la corrupción”, precisa el informe.
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