Un tribunal federal estadounidense bloqueó de forma temporal la ejecución de una polémica ley en Florida que sanciona el transporte de migrantes indocumentados hasta que resuelva una demanda de grupos civiles proinmigrantes que la consideran inconstitucional.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, que es una de las organizaciones, dio a conocer el fallo y explicó que la corte bloqueó específicamente la sección 10 de la ley SB-1718.
La demanda, presentada a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y de varias personas afectadas, critica que esta normativa ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por el hecho de transportar migrantes son documentación. Especifica que estos castigos incluyen actos tan simples como conducir a un miembro de la familia a una cita con el médico o a unas vacaciones familiares.
La ley, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, requiere además que los hospitales incluyan preguntas sobre el estatus migratorio del paciente.
Amien Kacou abogada de ACLU dijo que el fallo del tribunal federal es una victoria contra la “avalancha de leyes y políticas antiinmigrantes” en Florida, que perjudican tanto a ciudadanos y no ciudadanos. Mientras, Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, dijo que el tribunal reconoció el daño que causa la medida y para Emma Winger, subdirectora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración, este fallo significa libertad frente al miedo y mayor seguridad para las familias y comunidades minoritarias en Florida.
Juez evalua bloqueo en todo el estado
El juez federal Roy K. Altman evaluará si su orden de bloquear temporalmente la implementación de la sección 10 de la ley SB-1718, que castiga el transporte de inmigrantes indocumentados debe aplicarse en todo el estado.
Un día después de que el juez Altman bloqueara específicamente la citada sección de la ley, el jurista convocó a las partes involucradas para que presenten sus argumentos sobre la amplitud que deberían tener su orden.
Altman, quien fue designado por el expresidente Donald Trump para el Distrito Sur de Florida, justificó su decisión citando un debate legal sobre los conocidos como mandatos judiciales de alcance universal.
La Fiscalía de Florida que defiende la ley y los demandantes deben presentar sus alegatos antes del 6 de junio del presente año.
Te puede interesar:La senda de los estados con normativas antiinmigrantes
La querella legal argumenta que la sección 10 de la SB-1718 ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar inmigrantes indocumentados.
El juez Altman escribió en la orden emitida en días pasados que “tras una mayor reflexión” es necesario “recibir más información sobre el alcance adecuado de la orden judicial”. Fundamentalmente el tribunal estudiará si el bloqueo temporal cobija todo el estado o solo el sur, donde se presentó la demanda lo que representa un revés para los demandantes.
Noticias Newswire
