La regla de la “carga pública” es una herramienta que será usada como un rompeolas. Las marejadas de inmigrantes que no cubran los 20 factores de la norma chocarán contra la estructura legal que les hará imposible cosas tan sencillas como obtener una visa de turismo o más complicadas como recibir una green card.
Desde el pasado lunes está activa esta disposición que antes de entrar en operaciones sostuvo varias batallas judiciales. La nueva política fue publicada en agosto de 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional y establece una prueba para determinar si un inmigrante que solicita entrar en los EE.UU., extender su visa, o convertir su estado de inmigración temporal en una tarjeta verde es probable que termine dependiendo de los beneficios públicos en el futuro.
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La ley de inmigración de los Estados Unidos exige desde hace mucho tiempo que los funcionarios nieguen las tarjetas de residencia a las personas que puedan convertirse en una “carga pública”, pero el término se ha definido de forma muy estricta como dependiente de la asistencia en efectivo o institucionalizado a expensas del gobierno.
La nueva norma amplía la definición para incluir a toda persona que reciba una gama mucho más amplia de beneficios y tiene en cuenta factores como la edad, el nivel educativo y el dominio del inglés.
Los funcionarios de inmigración tendrán ahora más libertad para rechazar a aquellos que “probablemente sean una carga pública” basándose en una evaluación de 20 factores, que van desde el uso de ciertos programas de beneficios públicos – incluyendo cupones de alimentos, vales de vivienda de la Sección 8 y Medicaid – hasta el dominio del idioma inglés.
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