Los líderes campesinos nicaragüenses Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a 216 y 210 años de prisión, y aunque la pena máxima en Nicaragua son 30 años la Fiscalía solicitaba 73 y 63 años.
A Mariena y Mena los condenaron por terrorismo y otros delitos. En 2018 ellos participaron en las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Para el abogado de la defensa Julio Montenegro, las penas son “irrisorias, exageradas y sin precedentes”.
Las condenas fueron dictadas en Managua por el juez Edgard Altamirano, un magistrado descrito en algunos medios nicaragüenses como fiel al presidente Ortega.
Las protestas contra el gobierno de Nicaragua han dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y más de 300 detenidos que califica de “terroristas, golpistas y delincuentes comunes”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizan al Gobierno por más de 300 muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra manifestantes y opositores.
Mairena y Mena, que están detenidos desde el 13 de julio del año pasado, fueron condenados por delitos de terrorismo, robo agravado, daños agravados, secuestro y entorpecimiento de servicios públicos.
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El juez Altamirano señaló que los líderes campesinos planearon el asesinato de cuatro agentes policiales que fallecieron durante un tiroteo fuera de la comisaría de la localidad de Morrito en julio pasado. Pero en el momento del tiroteo los líderes campesinos participaban de una protesta antigubernamental a más de 200 kilómetros de distancia, en Managua.
Sin embargo el juez aseguró que Mairena y Mena fueron los “líderes intelectuales” del incidente en Morrito.
Debido al límite de pena máxima de 30 años, los líderes campesinos no permanecerán en prisión más allá de ese período. Pero las fuertes condenas de más de 200 años muestran la “crueldad extrema” del gobierno de Ortega contra el movimiento campesino, según afirmó Alfredo Mairena, hermano de uno de los condenados.
Los penados son miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en el diálogo para superar la crisis del país centroamericano.
El diálogo fue suspendido de forma indefinida en julio pasado luego de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica quienes actuaban como mediadores.
Mairena llegó a la mesa de diálogo en representación del Consejo Nacional en Defensa del Lago, la Soberanía y la Tierra que reúne a los campesinos que durante cuatro años han venido exigiendo la derogación de la Ley 840. Esta norma otorga una concesión a una empresa china para construir, administrar y operar un canal interoceánico.
Mairena organizó a la comunidad de Punta Gorda en el Caribe Sur de Nicaragua, cuando supo que la concesión arrasaría con sus propiedades.
“En su momento los campesinos creímos que el proyecto era bueno, todo muy bonito. Pero en diciembre de 2014 empezamos a despertar y nos encontramos que la ley canalera nos quitaba nuestras propiedades y se las cedía al chino”, señaló Mairena en su momento a una radio local.
“El chino” al que se refería Mairena es Wang Jing, propietario de la empresa HKND, que obtuvo la concesión para construir y operar el referido canal interoceánico.
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