La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su “profunda preocupación” por la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana, en situación de retiro, Rafael Acosta Arévalo. Destacó que es imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de este suceso.
“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, que incluya una autopsia que siga los estándares internacionales, que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte”, puntualizó.
El caso de Acosta Arévalo puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional, ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero, y se sospecha que Acosta sufrió torturas durante su detención, denunció la oficina que dirige la expresidenta chilena en un comunicado.
“Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, señaló Bachelet, quien insistió en una investigación imparcial “para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables” de la muerte de Acosta Arévalo.
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El militar fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días, hasta que el 28 de junio cuando fue llevado ante un tribunal militar junto a otros cuatro militares y dos exfuncionarios de seguridad acusados de conspirar para asesinar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Según su abogado, el capitán retirado se presentó ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado, por lo que el juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio.
Bachelet dijo tener en cuenta que dos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar han sido procesados por asesinato en primer grado, pero lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido incluidas en los cargos.
Por último, pidió a las autoridades venezolanas que permitan a los otros seis militares y exoficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, y que se garantice que sean tratados con humanidad y dignidad.
“Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, concluyó.
Las declaraciones de Bachelet se producen apenas 10 días después de que realizara una visita oficial a Venezuela para estudiar la situación de las libertades fundamentales en ese país, que expondrá esta semana en el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra.
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