Entre enero y agosto de 2022 se registró una cifra récord de detenciones en el sur de México según datos divulgados por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM).
La organización asegura que 249.295 personas fueron interceptadas en la citada frontera durante esos ocho meses, lo que promedia unas 1.025 detenciones a personas diariamente en comparación las 848 detenciones en promedio registradas en 2021.
Un representante del Colectivo Promotores de Liberación Migrante, originario de Guatemala denunció que miles de personas permanecen detenidas durante meses en condición de hacinamiento y sin insumos sanitarios. Asegura que estos migrantes se alimentan con alimentos en mal estado, permanecen incomunicados y desinformados, lo que ha derivado en severos daños a la salud mental de quienes se encuentran detenidos.
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“Este incremento es muy alto, más del 100% de las detenciones que se habían visto. Generalmente son migrantes de todos los países centroamericanos que intentan ingresar a Estados Unidos”.
Estos datos fueron mostrados durante el segundo Foro de Reflexión “Panorama de derechos humanos desde la frontera sur de México 2022” donde organizaciones relacionadas con la migración, derechos humanos y universidades intercambiaron reflexiones sobre militarización, ausencia de opciones de regularización, detención migratoria y derecho a defender derechos.
Las ONGs también denunciaron la intervención de las fuerzas militares y de seguridad pública con fines de contención migratoria. Dijeron que los funcionarios restringen el desplazamiento de las personas mediante perímetros de contención, luego viene la persuasión y el uso de la fuerza física en detenciones individuales.
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El norte de Chiapas, es un punto fronterizo estratégico para las personas que buscan llegar a Estados Unidos. Anteriormente en la vía del Ceibo a Tenosique, no había retenes pero en la actualidad se observan varios retenes móviles a todas horas.
Además, denunciaron la falta de acceso a opciones de regularización, pues han constatado el desmantelamiento de los sistemas de protección internacional en la región y en todo México, lo que se traduce en la falta de acceso de solicitud de asilo y regularización migratoria.
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