La organización no partidista con sede en Nueva York, Human Rights First, recientemente ha insistido en una denuncia que persigue buscar solución inmediata a los secuestros, torturas, violaciones y violencia generalizada, que sufren los migrantes que esperan del lado mexicano porque en tribunales de los Estados Unidos se le atienda su solicitud de asilo.
El crimen organizado mexicano ha tomado como práctica el secuestro de menores pertenecientes a los grupos familiares que aguardan por que un tribunal de los Estados Unidos examine su caso que busca la calificación de asilo.
Los grupos familiares en su mayoría aguarda en las calles, en improvisados campamentos creados en las calles de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez o Matamoros, donde son fácil blanco de los gupos delincuenciales organizados, que no se detienen hasta hacer lo posible por quitarle a las familias migrantes todas las cosas de valor e inclusive se han conocido de casos de extorsión con “trabajos sexuales forzados” para “financiar la tranquilidad” de la familia mientras espera.
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El grupo de letrados que se constituyó por primera vez en 1978 bajo el nombre de Comité de Abogados para los Derechos Humanos Internacionales, asegura que la fuerza criminal abate con más rigor a los inmigrantes originarios de Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Kennji Kizuka, el portavoz de HRF, dijo en un comunicado que “los funcionarios de la Administración de Donald Trump continúan enviando a personas que han pedido el estatus de refugiados a sabiendas de que van a ser secuestrados, explotados, pegados, violados y asesinados en México”.
El informe recoge que hay al menos 636 casos registrados de ese tipo de agresiones a inmigrantes que, en el marco de los Protocolos de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), EE.UU. devolvió a territorio mexicano después de que cruzaran la frontera.
De esos casos, al menos 138 son de raptos e intentos de secuestro de menores de edad.
El Protocolo de Protección al Migrante fue creado por el Gobierno de Trump en enero pasado para que los solicitantes de asilo esperen en México a que se complete su proceso en EE.UU.
El informe de HRF advierte de que probablemente estos datos sean “la punta de iceberg”, ya que “la mayoría de los retornados no han sido entrevistados por investigadores o periodistas”.
“A pesar de las abrumadoras pruebas de que estos retornos forzosos son una catástrofe para los derechos humanos, los funcionarios de la Administración de Trump y del Departamento de Seguridad Nacional continúan implementando, expandiendo y defendiendo estos retornos peligrosos e ilegales”, criticó Kizuka.
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HRF subrayó que incluso algunos inmigrantes con derecho a asilo, como los de origen cubano o venezolano, son devueltos a México a la espera de ser citados ante un juez estadounidense que decida sobre su futuro, mientras son obligados a permanecer en algunas de las regiones más peligrosas de ese país.
Además, afirmó que los casos en que los migrantes no consiguen acudir a sus citaciones judiciales al haber sufrido los estragos de la violencia son cerrados con una orden de deportación para las víctimas.
Desde enero pasado, las autoridades estadounidenses han devuelto a México casi 70.000 solicitantes de asilo y migrantes, que a menudo esperan durante meses hasta poder presentarse ante un juez de inmigración de EE.UU.
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