La promesa del presidente estadounidense Donald Trump de ejecutar la mayor operación anti-inmigración de la historia del país ha generado un aumento sin precedentes en la demanda de centros de detención para migrantes, provocando un tenso debate en comunidades como California City.
En esta ciudad californiana, una de las más golpeadas por la pobreza, se proyecta la apertura del mayor centro de detención migratoria del país. Para muchos residentes, representa una oportunidad económica significativa; la empresa CoreCivic estima la creación de 500 empleos y más de 2 millones de dólares en ingresos fiscales. “Cualquier fuente de ingreso que venga a apoyar a la ciudad será vista positivamente”, afirmó el alcalde Marquette Hawkins.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian condiciones inhumanas en estas instalaciones. “Esto es una bomba de tiempo”, advirtió la abogada Kristen Hunsberger, quien ha documentado casos de hacinamiento, falta de atención médica y obstrucciones al derecho a defensa legal.
El número de personas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) superó las 60.000 en junio, la mayoría sin antecedentes penales. Más del 80% están detenidos en centros operados por empresas privadas como CoreCivic y GEO Group, que han visto un crecimiento explosivo desde enero, con casi 200 centros en funcionamiento.
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Mientras el gobierno niega acusaciones de abuso, testimonios de familiares y abogados apuntan a condiciones precarias. Para algunos, estos centros simbolizan una economía en ascenso; para otros, una tragedia humanitaria en expansión.