Un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, confirmó a varias agencias internacionales de noticias que los arrestos de migrantes que cruzan de forma ilegal la frontera sur del país aumentaron en julio luego de varios meses con cifras más bajas.
“Hemos visto un incremento en julio”, dijo Blas Núñez-Neto, subsecretario de política fronteriza, a reporteros a quienes aseguró que dicho aumento no fue algo inesperado ya que se trata de la época del año en la que por lo general “se observa un incremento en la migración”.
Aunque el alto funcionario no ofreció cifras sobre el número de detenciones el pasado mes de julio, el diario The Washington Post adelantó ya había adelantado en días pasados que más de 130.000 personas fueron arrestadas en la frontera con México, según datos del DHS que aún no han sido publicados.
Estos números representan un aumento de más del 30% en comparación con las cifras de junio cuando se registraron 99.545 detenciones.
La Administración Biden aseguraba que las llegadas en la frontera habían bajado desde que en mayo se comenzaron a aplicar nuevas restricciones a los pasos ilegales en sustitución de la política de deportaciones llamada Título 42 que se utilizó durante la pandemia de la COVID-19.
Pese al aumento durante el mes de julio de la cantidad de personas que buscan cruzar hacia Estados Unidos, Núñez-Neto defendió la nueva política fronteriza del Gobierno de Biden asegurando que “siguen siendo efectivas”.
El funcionario añadió también que durante la primera semana de agosto se han deportado a más de 1.000 familias a diferentes países de Latinoamérica.
En mayo del presente año el gobierno estadounidense dio luz verde a una nueva norma que califica como “no aptos” para solicitar asilo a quienes crucen de manera irregular la frontera y no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.
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Bajo esta normativa las personas que entren bajo esta definición podrán ser deportadas a México o a sus países de origen y enfrentar una prohibición de 5 años a la entrada a territorio estadounidense.
La reglamentación ha sido objeto de varias demandas por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos. Las instancias argumentan que la norma va en contra de las leyes estadounidenses y pone en riesgo la vida de quienes desean pedir asilo.
Sin embargo, un tribunal de apelaciones en California falló recientemente a favor de mantener las restricciones, después de que un tribunal en primera instancia las congelara.
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