El primer año del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca estuvo marcado por una ofensiva migratoria calificada como “sin precedentes” por organizaciones civiles y centros de análisis. La estrategia combinó un aumento histórico de las detenciones, el endurecimiento de las deportaciones, restricciones a la migración legal y un uso intensivo de órdenes ejecutivas, con efectos humanitarios y económicos que, según expertos, se prolongarán en el tiempo.
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 622.000 personas fueron deportadas durante el primer año del actual mandato. Aunque se trata de una cifra elevada, es inferior a las 778.000 repatriaciones registradas en el último año fiscal completo de la Administración de Joe Biden y está lejos del objetivo republicano de alcanzar un millón de deportaciones anuales. Para incrementar los números, el Gobierno recurrió a prácticas cuestionadas en tribunales, como la expulsión de migrantes a terceros países distintos a los de su origen.
Las detenciones, en cambio, alcanzaron niveles históricos. En promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Organizaciones como el American Immigration Council, la ACLU y Amnistía Internacional denunciaron condiciones “inhumanas” en los centros de detención, con hacinamiento, abusos y un récord de más de 30 muertes en 2025 bajo custodia del ICE.
El despliegue de agentes también se intensificó. El número de efectivos del ICE se duplicó y se registraron operativos agresivos en ciudades gobernadas por demócratas. ONG y medios especializados documentaron el uso de tácticas violentas, agentes encapuchados y vehículos sin identificación, así como detenciones erróneas de ciudadanos estadounidenses y personas con estatus legal.
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En paralelo, el Gobierno avanzó en la eliminación de programas como el Estatus de Protección Temporal y el ‘parole’ humanitario, dejando a más de un millón de personas en riesgo de deportación. El Migration Policy Institute advierte que estas medidas han vuelto a Estados Unidos más hostil para migrantes de todos los estatus, con impactos que se sentirán durante años.
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