La situación de los derechos humanos en América Latina experimentó un deterioro alarmante durante 2024, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”.
En el informe, este importante movimiento global destacó que América Latina seguía siendo una región peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos, que eran objeto de detención arbitraria, campañas de difamación, desaparición forzada, desplazamiento forzado, vigilancia ilegal, homicidio, amenazas, tortura, y juicios injustos, entre otros abusos.
En países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, los defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro de ser objeto de ataques y hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales y los actores no estatales.
Mientras que, en Bolivia, los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi sufren amenazas y agresiones; y, en Perú, cuatro defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente, tres de los cuales eran líderes indígenas, perdieron la vida de forma violenta.
En cuanto a Venezuela, en 2024, las protestas que siguieron al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en julio se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.
En este país, no se garantizó el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia; se registraron detenciones arbitrarias y juicios injustos, torturas y otros maltratos, condiciones de reclusión inhumanas, impunidad, se registraron nuevos ataques a la libertad de expresión y los defensores de los derechos humanos seguían corriendo un grave peligro.
En Colombia, pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego, la población civil siguió viéndose afectada por las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario causadas por el conflicto armado, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes sufrían de forma desproporcionada.
También continuaron las desapariciones forzadas, y las búsquedas seguían siendo dificultosas. La violencia contra los defensores de los derechos humanos era generalizada, pese a las medidas adoptadas por el gobierno para mejorar su protección.
En Cuba se redujeron los servicios sociales y la población tenía dificultades para acceder a los alimentos y los medicamentos. Se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión, mientras que persistieron las detenciones arbitrarias y la criminalización de activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes.
AI: “Los gobiernos no garantizaron mecanismos adecuados de protección”
En América Latino, “los gobiernos no garantizaron mecanismos adecuados de protección a las personas defensoras de los derechos humanos”, precisa el informe de AI, el cual fue publicado en la página web de este movimiento comprometido en crear un futuro en el que todos disfrutan de los derechos humanos.
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En Brasil, el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos funcionaba en menos de la mitad de los estados del país, mientras que, en Honduras, las organizaciones locales expresaron su preocupación por la debilidad e ineficacia del mecanismo nacional de protección.
En Perú, el Ministerio del Interior seguía careciendo de un protocolo para coordinar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos con la policía.
El escrito concluye que los estados deben garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. “Las ONG y otras asociaciones y movimientos de derechos humanos deben ser respetadas”.
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