Los servicios migratorios de EE.UU. deben seguir aceptando las peticiones de renovación del programa migratorio de Acción Diferida (DACA), luego que el Tribunal Supremo volvió a negarse a conocer sobre la disputa.
La petición hecha por el Departamento de Justicia para que la alta corte se pronunciara fue desestimada y remarcó su decisión de no admitir el trámite.
Con esta sentencia se ha caído al suelo la herramienta de negociación que tenía la administración Trump para poder acceder al presupuesto del muro fronterizo, propuesta que fue rechazada de inmediato por la Cámara de Representantes.
El movimiento lo intentó hacer Trump el fin de semana pasado, cuando se filtrado que los senadores republicanos presentarían una propuesta de ley para acabar con el cierre parcial de la Administración, que inició el pasado 22 de diciembre, que incluía una cláusula para otorgar a los “soñadores” tres años más de amparo a cambio de 5 mil 700 millones de dólares para el muro.
El programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), actualmente protege de la deportación a 690 mil jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.
La administración Donald Trump que tiene una política de franca intolerancia a la inmigración, solicitó en noviembre al Supremo que evaluara distintos casos sobre la cancelación del mandatario de DACA, una petición en la que reclamó a la sala -de mayoría conservadora- que lo haga durante el actual periodo judicial, que se extenderá hasta finales de junio 2019, la legalidad de la eliminación del programa.
El expresidente Obama Barack (2009-2017) es el artífice del DACA, programa que fue aprobado en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños.
Sin embargo en septiembre de 2017 Trump acabó con este cuando aún amparaba a 690 mil personas.
El Supremo decidió rechazar la petición, lo que supone un golpe para la Casa Blanca. Aunque desde luego esta no fue la primera vez que el Ejecutivo solicitó al Supremo estudiar esta disputa.
En enero de 2018 un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al Gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa. El Ejecutivo apeló entonces ante el Tribunal Supremo para que se posicionara al respecto, pero este consideró en febrero del año pasado que esa decisión debía recaer en la corte de apelaciones, que lo haría de forma rápida.
El pasado 17 de octubre, el Gobierno amenazó a una corte de apelaciones de California con volver a recurrir al Supremo si no emitía un fallo el pasado 31 de octubre, algo que no sucedió.
Estos tribunales de apelaciones no se han posicionado aún, razón por la que Trump ha argumentado en los últimos meses que no se están cumpliendo las condiciones previstas y que, por tanto, debería ser el Supremo quien aborde la disputa y emita una resolución “definitiva”.
