La vivienda y varias propiedades del venezolano, Samark José López Bello, acusado por Estados Unidos de pertenecer a una red de narcotráfico, fueron allanadas el domingo en República Dominicana.
Investigadores de una unidad dominicana contra el lavado de dinero y el narcotráfico realizaron una redada, acompañados por agentes de Estados Unidos, en una residencia vacacional vinculada a uno de los hombres más ricos de Venezuela, informaron funcionarios dominicanos.
Fiscales federales en Nueva York acusaron recientemente al multimillonario Samark López Bello de violar las sanciones impuestas a Venezuela. El hombre tiene lazos estrechos con el vicepresidente sectorial de Economía venezolano Tareck El Aissami, a quien las autoridades estadounidenses acusaron de tener vínculos con narcotraficantes y con el grupo guerrillero Jezbolá.
La lujosa mansión de López Bello habría servido como refugio de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, luego de que el pasado 30 de abril el presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, llevó a cabo la denominada Operación Libertad, donde varios militares se sublevaron al régimen de Maduro.
Según información de la Procuraduría General de Justicia, la agencia antinarcóticos local realizó un operativo en la provincia La Altagracia para capturar al “fugitivo internacional”.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron simultáneamente dos villas en un exclusivo complejo turístico de la comunidad de Verón, Punta Cana, presunta propiedad del empresario Samark López Bello.
En el procedimiento fueron detenidas cuatro personas para fines de investigación, identificadas como Armando Leiva y Carmen Pinto de Leiva, ambos de nacionalidad venezolana, así como las colombianas María Eugenia Rojas y Karol Gutiérrez Nieve. López Bello no se encontraba en el lugar y se cree que está en Venezuela.
En la intervención se encontraron de manera preliminar 25.000 dólares y 18.000 euros, tres camionetas deportivas así como más de 30 relojes de distintas marcas, joyas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público.
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