Funcionarios de la Fiscalía general de Perú allanaron con fines de incautación la vivienda de Nadine Heredia, esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, así como otros 25 inmuebles y oficinas en el marco de la investigación por supuestos actos de corrupción cometidos en las obras del Gasoducto del Sur y la concesión con la empresa Odebrecht.
El operativo comenzó en horas de la mañana de este martes y estuvo a cargo de la fiscal Geovanna Mori, del equipo encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú, quien obtuvo la autorización del Segundo Juzgado de Investigación especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios.
“Se establece que la finalidad de la medida requerida es encontrar bienes y/o información que sean de interés para la investigación, como por ejemplo, agendas (anotaciones) correos electrónicos, mensajería, videos, audios, teléfonos celulares y cualquier otro medio audiovisual o documento físico y/o informático que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados”, indica la resolución judicial según reseña del diario El Comercio.
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Wifredo Pedraza, abogado de Heredia, dijo a los periodistas que se encontraban frente a residencia allanada, que se trata de una medida arbitraria fruto de la presión mediática contra Humala y su mujer y añadió que hasta el momento no se conocen los elementos de convicción que llevaron al juez a aprobar dicha medida.
Este allanamiento se produce luego que a finales del pasado junio se publicaran documentos internos de Odebrecht que revelaban el presunto pago irregular de tres millones de dólares relacionados con el Gasoducto del Sur, que se licitó durante el gobierno de Humala.
El Gasoducto del Sur fue adjudicado por más de 7 mil millones de dólares en junio de 2014, en una licitación que originó investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos de colusión y negociación incompatible por parte de Nadine Heredia.
Esta investigación es paralela al caso que se sigue contra Humala y Heredia por varios delitos relacionados con el lavado de activos para los que la fiscalía ha pedido 20 años de cárcel a Humala y 26 años y medio para Heredia.
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