Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que ponga “los derechos humanos como eje central” en las políticas públicas que emprenderá en su próxima Administración.
En un memorándum remitido al líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y publicado hoy, la organización señaló que, pese a los avances legislativos e institucionales, en el país persisten problemas como las desapariciones forzadas, la violencia contra los periodistas, la violencia de género y la tortura.
Por eso, si el nuevo presidente -que tomará posesión el 1 de diciembre- garantiza que los avances en las leyes se materialicen, esto sería una “contribución histórica” para mejorar la vida de millones de personas.
Amnistía desgrana algunos de los temas que están en el punto de mira de cara al próximo Gobierno, como la seguridad, debido a la crisis de violencia que vive México.
Entre otras recomendaciones, la organización expresó la necesidad de reorientar la política de control de drogas para que se base en la protección de los derechos humanos, y que se elimine la polémica Ley de Seguridad Interior, que proporciona un marco normativo para la actuación de los militares en las calles.
También sugirió elaborar una base de datos que perfeccione el actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y que registre todos los casos tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales.
En cuanto a procuración de justicia, AI exigió que, si se llega a proponer una ley de amnistía (opción que se está barajando en los foros de paz convocados por López Obrador), esta no deberá beneficiar a responsables de graves violaciones de DD.HH. o que hayan cometido crímenes lesa humanidad.
Además, propone que se eliminen de la legislación las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, y que esta última medida quede en manos de las autoridades judiciales en cada caso.
Las recomendaciones sobre migración incluyen garantizar que ningún niño o niña sea separado de sus familias o detenido por motivos migratorios, y proteger los derechos de los refugiados, incluyendo el respeto al principio de no devolución.
El documento, además, cubre otros aspectos para evitar la discriminación contra pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos.
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