Según cifras oficiales, en República Dominicana conviven 121.000 venezolanos, lo que convierte al país en el principal destino de migrantes y refugiados originarios de Venezuela en el Caribe. La mayoría de estos inmigrantes son jóvenes solteros de entre 20 y 35 años con un alto nivel educativo y de participación laboral.
En la mayoría de los casos, los inmigrantes venezolanos residentes en República Dominicana habitan en los principales centros urbanos de la nación, de acuerdo con un estudio reciente de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cuyos resultados fueron divulgados en un comunicado de prensa.
Cuatro de cada diez venezolanos residen en el Distrito Nacional, tres en Santo Domingo y uno en Santiago, revela el estudio que se enfoca en analizar la situación de los inmigrantes y refugiados de Venezuela que arribaron al país caribeño a partir de 2014 y que en su mayoría, casi el 90%, lo hicieron entre 2016 y 2019.
El estudio en referencia es la primera parte de un proyecto que tiene el propósito de analizar el impacto del Plan de Normalización de Venezolanos (PNV) realizado por el Estado dominicano en 2020 para dar a los ciudadanos de esa nacionalidad la oportunidad de normalizar su situación migratoria en el país.
Dicho Plan permite que quienes ingresaron al país de forma legal entre enero de 2014 y marzo de 2020 adquieran un carné de identificación, así como el acceso a visas temporales de trabajo y estudio.
Pese a los avances logrados, la población venezolana radicada en República Dominicana todavía enfrenta retos para lograr su completa integración en el mundo laboral y de protección social.
La mayoría no tienen contratos formales y eso obstaculiza su acceso a servicios públicos como salud y reduce su salario mensual, muchas veces sin contrato, que apenas queda por encima del salario mínimo y ninguno contribuye a un fondo de pensiones.
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ACNUR identifica algunos retos pendientes con este grupo de ciudadanos ante la posibilidad de exclusión de los más vulnerables y que el impacto del PNV se vea limitado.
En primer lugar el costo financiero, que es considerable debido a las tres tasas administrativas a pagar en el proceso de solicitud, sumado a los costos de los viajes necesarios a las oficinas en Santo Domingo.
Luego está el formato de inscripción que es individual en vez de familiar, lo que eleva el costo total de una familia y dificulta la inclusión de todos los miembros.
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