A través de una carta enviada al gobierno de Estados Unidos, un total de 26 senadores estadounidenses solicitaron al Gobierno de Joe Biden que reasigne el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y nicaragüenses.
El TPS paraliza la posibilidad de deportación y abre la posibilidad de obtención de un permiso de trabajo a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país por causa de desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.
El Gobierno otorgó este beneficio migratorio por primera vez a Venezuela en 2021 y lo prolongó hasta marzo de 2024, mientras que Nicaragua se beneficia del TPS desde 1999 y en junio pasado se extendió por 18 meses, hasta el 5 de julio de 2025.
En la misiva los senadores no solicitan una prolongación sino una nueva designación, lo que permitiría a las personas que en la actualidad no tienen TPS presentar una solicitud de inscripción inicial.
“Ambos países cumplen claramente los requisitos para ser designados para el TPS en virtud de nuestras leyes de inmigración”, escribieron los parlamentarios en la carta enviada a Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interior.
“Venezuela sigue asolada por la violencia, la inestabilidad y la represión, y los venezolanos sufren el colapso histórico del país” dirigido por el “represivo régimen de Nicolás Maduro”, se lee en el texto.
Los senadores acusan al gobierno de Venezuela de abusos a los derechos humanos, de mantener encarcelados “a unos 245 presos políticos” y de inhabilitar a opositores políticos para que no puedan presentarse a las elecciones.
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Los legisladores alertaron en la misiva que “la crisis humanitaria a la que se enfrenta el pueblo venezolano no ha hecho más que agravarse en los últimos dos años” con millones de personas que siguen sin poder acceder a la atención sanitaria básica y a una alimentación adecuada.
Los congresistas, todos demócratas con la excepción del independiente Bernie Sanders, estiman que en Nicaragua también ha empeorado la situación, pues el presidente Daniel Ortega ha transformado el país “en un estado policial en el que el poder ejecutivo ha instituido un régimen de terror y de supresión de todas las libertades”.
En 2022, el gobierno nicaragüense cerró más de 2.000 ONG e intensificó su represión contra la Iglesia católica. En febrero de 2023, privó de su nacionalidad a 316 personas y las expulsó del país.
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