El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda, en conjunto con algunas organizaciones sociales y no gubernamentales, denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al Gobierno de Colombia por crímenes de lesa humanidad que habrían ocurrido en las manifestaciones contra e la gestión del presidente Iván Duque.
En la lista de demandados también está el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, como los “máximos responsables”.
Los querellantes a través de un comunicado exponen que “teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron”.
También señalan al ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) de ser uno de los “principales instigadores” de los crímenes de lesa humanidad que presuntamente tuvieron lugar en las protestas.
Desde que comenzaron las manifestaciones el pasado 28 de abril se han registrado 42 personas muertas (41 civiles y un policía), según los reportes de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
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Según refiere el informe, existen evidencias de delitos contra la población civil reflejadas en “homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”.
“Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular”, asegura la denuncia.
La comunicación manifiesta preocupación debido a que la tercera ciudad del país, Cali, ha sido “escenario de los más graves hechos” y subraya que las principales autoridades de Gobierno y Estado no ha condenado en “forma enfática los crímenes y las graves violaciones de Derechos Humanos que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública”.
Los denunciantes solicitan en la carta que se active la competencia de la CPI para conocer los crímenes denunciados en virtud de que el Estado colombiano “no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes”.
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