El Gobierno de Estados Unidos revocó más de 100.000 visas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, una cifra que marca un récord histórico y refleja un aumento del 150% con respecto al año anterior. La medida se inscribe en la política migratoria de línea dura impulsada por la actual Administración contra la presencia de extranjeros en el país.
El Departamento de Estado confirmó los datos y celebró públicamente la cifra a través de su cuenta oficial en la red social X. “Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos”, señaló la publicación, acompañada por una imagen del mandatario republicano en tono festivo.
Según las autoridades, entre las revocaciones se encuentran unas 8.000 visas de estudiantes y alrededor de 2.500 visas especializadas correspondientes a personas que tuvieron conflictos con las fuerzas del orden. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que las principales causas de cancelación fueron la permanencia ilegal tras el vencimiento de la visa, conducir bajo los efectos del alcohol, agresión y robo.
La anulación masiva de visados se suma a otras acciones del Ejecutivo, como las deportaciones a gran escala y la eliminación de estatus legales que permitían residir y trabajar en el país, dejando a millones de personas en situación irregular de manera repentina.
Durante el último año, el Gobierno también suspendió y expulsó a estudiantes extranjeros que se manifestaron contra la guerra en Gaza o criticaron la actuación de Israel, acusándolos de apoyar a Hamás. En varios casos, los afectados debieron abandonar el país a pocos días de completar sus estudios. Como consecuencia, la llegada de estudiantes internacionales cayó casi un 20% en agosto, el mayor descenso desde la pandemia.
Además, las autoridades anunciaron la revisión de más de 55 millones de visas vigentes bajo el llamado Sistema de Verificación Continua, lo que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos. Estas advierten que el mayor escrutinio vulnera la libertad de expresión y fomenta la autocensura entre migrantes legales.
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Finalmente, una propuesta del DHS y la CBP plantea exigir a viajeros extranjeros hasta cinco años de historial en redes sociales, ampliando el control incluso a ciudadanos de países que no requieren visado.
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