El fiscal general Josh Shapiro anunció la incorporación de Pensilvania a un grupo de trabajo de litigio anti-robocall, cuyo objetivo es reducir las llamadas automáticas ilegales.
El grupo de trabajo, compuesto por 50 fiscales generales y de concepción bipartidista, investiga y emprende acciones legales contra aquellas compañías de telecomunicaciones consideradas responsables de traer la mayoría de las llamadas automáticas extranjeras a los Estados Unidos.
Los proveedores de puerta de enlace que traen tráfico extranjero a la red telefónica del país tienen la responsabilidad de garantizar que el tráfico sea legal.
Sin embargo, estos proveedores al parecer no están tomando medidas suficientes para detener el tráfico de llamadas automáticas. Por el contrario, se hacen la vista gorda intencionalmente a cambio de ingresos constantes, según reveló un comunicado del fiscal general.
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Contra las manzanas podridas de Telecom
El grupo de trabajo se centrará en los “malos actores” en toda la industria de las telecomunicaciones.
Según las instituciones National Consumer Law Center y Electronic Privacy Information Center, los estadounidenses reciben diariamente más de 33 millones de llamadas automáticas fraudulentas.
Entre las estafas más comunes se encuentra el fraude de la Administración del Seguro Social contra las personas mayores, las estafas de Amazon contra los consumidores y muchas otras dirigidas a todos los consumidores. Se estima que en 2021, aproximadamente 29,8 millardos de dólares fueron sustraídos a los ciudadanos a través de llamadas fraudulentas.
La mayor parte de este tráfico de llamadas automáticas fraudulentas se origina en el extranjero. Por esta razón, el grupo de trabajo se enfoca en clausurar a los proveedores que se benefician de este tráfico ilegal de estafas y se niegan a tomar medidas para mitigar estas llamadas fraudulentas.
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