El régimen de Daniel Ortega descartó la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales para encontrar una salida a la crisis que vive Nicaragua desde hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, miles en el exilio y una economía en caída libre.
En un comunicado, la delegación del Gobierno en la mesa de negociación afirmó que continúan “fortaleciendo la democracia y la institucionalidad electoral a fin de organizar y realizar elecciones nacionales para el 2021, de acuerdo a los estándares reconocidos en los sistemas especializados del mundo”, reseño la agencia de noticias EFE.
El pasado viernes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exigió elecciones anticipadas al régimen de Ortega tras reunirse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La Alianza que actúa como contraparte del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis, reclamó la “celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas”, como “solución pacífica a la crisis”.
Según la Constitución nicaragüense, los comicios generales deben celebrarse cada cinco años y están fijadas para noviembre de 2021.
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La Alianza Cívica ha dicho que “no cederán” en exigir un adelanto de las elecciones presidenciales para superar la crisis, a lo que se opone el Ejecutivo bajo el argumento que implicaría una violación a la Carta Magna.
La administración de Daniel Ortega invitó a la Secretaría General de la OEA a participar en la mesa de negociaciones que comenzó el 27 de febrero, instancia que aceptó incorporarse como testigo y acompañante.
El Gobierno hizo esa invitación después de que exhortara a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense y un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones.
Las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica se mantienen estancadas por el tema de quienes la oposición considera “presos políticos”.
A pesar del fin del diálogo, las partes mantenían reuniones para que el Ejecutivo cumpliera con los acuerdos firmados y avanzar en otros puntos.
El Consejo Permanente de la OEA comenzó a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 593 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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