La Organización de Estados Americanos (OEA) inició la activación de la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de Nicaragua, hoy cuando en sesión extraordinaria de su Consejo Permanente los embajadores de Colombia, Estados Unidos, Perú y Argentina argumentaran que la violencia de Estado en Managua ha colocado en riesgo la democracia.
El gobierno de Daniel Ortega, que ha encarado con maniobras represivas a fuerzas opositoras que desde abril de 2018 lo adversan en la calle, ha sido partícipe de un baño de sangre que a la fecha y de acuerdo a la CIDH alcanza a 325 personas fallecidas, denunciaron.
El escenario geopolítico que se coloca en el horizonte nicaragüense, al parecer emerge con la postura dislocada de dos tradicionales aliados como Bolivia y El Salvador, naciones que de acuerdo a los exguerrilleros “nicas” Hugo Torres y Dora María Téllez retirarían su apoyo al líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que el organismo multilateral, del que Managua es signatario, inició el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, proceso que de contar con los votos necesarios del Consejo Permanente podría suspender al país centroamericano como miembro.
Sin embargo, por encima de que los hilos institucionales estén accionados, aun persiste el juego diplomático, que intentará encarrilar al gobierno de Daniel Ortega, para que recomponga el Estado, de reconocimiento a sus contrarios y repare los señalamientos de violación de los derechos humanos que sobre su administración pesan.
Almagro advirtió a los funcionarios de Nicaragua que los crímenes de lesa humanidad son juzgados internacionalmente.
Fuera de la sede de la OEA, en Washington, una decena de nicaragüenses gritaban consignas como, “¡Queremos una Nicaragua libre!”.
Los manifestantes increparon a su llegada a la OEA al embajador de Nicaragua ante el organismo, Luis Alvarado, al que llamaron “asesino” y le pidieron que no sea “cómplice” de la “represión” de Ortega.
Ninguno de los embajadores expositores del caso Nicaragua especificó cómo debe aplicarse la Carta Democrática de la OEA al país centroamericano.
La Carta es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.
Uno de sus artículos más citados en estos casos es el vigésimo, que establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Entonces, el Consejo Permanente debe decidir si existe esa “alteración” del orden democrático y, a partir de entones, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.
Durante la sesión, el Consejo Permanente discutió el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo que dio paso a que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, iniciara el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, debido a la negativa de su Gobierno, de comprometerse con una solución pacífica de la crisis.
Nicaragua ha estado sumida en los últimos nueve meses de 2018 en una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado de 325 a 545 muertos en el marco de protestas contra Ortega, quien reconoce 199.
A eso se agregan unos 674 “presos políticos” que afirman los organismos, frente a 340 que acepta el Gobierno, y que clasifica como “terroristas”, “golpistas” y “presos comunes”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “ataques mortales, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos”.
Ortega no acepta la responsabilidad y sostiene que venció un intento de “golpe de Estado”, que la CIDH y la Acnudh han desmentido.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron, el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.
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