El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le propuso al gobierno de Colombia realizar una valoración conjunta del daño ecológico en la selva del Darién, la frontera natural que conecta ambos países.
El mandatario panameño dijo que luego de sobrevolar la región pudo constar la transformación de una “trocha” en una “calle” por la que transitaron más de un millón de personas de forma irregular.
Esta solicitud destaca la preocupación por el impacto ambiental de una crisis migratoria sin precedentes que ha afectado el citado “pulmón natural” entre 2021 y 2024.
La situación en el Tapón del Darién, un Parque Nacional de 579.000 hectáreas y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se agravó por el tránsito masivo de migrantes, principalmente venezolanos.
El Ministerio de Ambiente de Panamá estimó en octubre de 2023 que cada migrante dejaba aproximadamente 9 kilos de desechos, afectando al menos 37 quebradas y 20 ríos. Para restaurar la flora, el suelo e iniciar estudios sobre el impacto en el agua y la biodiversidad, se requerirían más de 11.9 millones de dólares.
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Panamá ha implementado medidas drásticas, como el cierre oficial de la principal estación migratoria el 14 de mayo, el cierre de trochas para habilitar un “corredor humanitario”, multas por entrada irregular y vuelos de deportación financiados por Estados Unidos, lo que ha contribuido a una drástica caída en el flujo migratorio. No obstante, el costo ambiental a largo plazo en este ecosistema vital sigue siendo una preocupación primordial.