En una decisión de alto impacto para millones de migrantes latinoamericanos, el Senado de Estados Unidos aprobó una drástica reducción del impuesto a las remesas, bajándolo del 3,5% al 1%. La medida forma parte del megaproyecto de ley presupuestaria impulsado por el presidente Donald Trump, quien ha calificado la iniciativa como una “ley grande y hermosa”.
La votación en el Senado fue ajustada y aún se requiere la aprobación final de la Cámara de Representantes que en mayo había propuesto un impuesto más elevado del 3,5%. De recibir luz verde, el nuevo gravamen comenzaría a aplicarse a partir del 31 de diciembre de 2025 y afectará únicamente a las transferencias de dinero en efectivo y a instrumentos similares, como cheques de caja. Quedarán exentas las operaciones realizadas desde cuentas bancarias o mediante tarjetas emitidas en Estados Unidos. El responsable del pago será quien realice la transferencia lo que preocupa especialmente a migrantes con escaso acceso a servicios financieros.
El objetivo del impuesto, según sus promotores, es generar ingresos adicionales sin afectar directamente a los contribuyentes estadounidenses, aunque sus críticos sostienen que impacta de forma desproporcionada a comunidades vulnerables que dependen de las remesas para sobrevivir.
América Latina y el Caribe son regiones altamente dependientes de estos envíos. En 2024 las remesas enviadas desde Estados Unidos y otros países alcanzaron un récord histórico de 161.000 millones de dólares, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). México encabezó la lista de receptores con casi 65.000 millones de dólares y entidades como Chiapas y Guerrero se encuentran entre las más dependientes: las remesas representan el 15,9% y 13,8% de su PIB estatal, respectivamente, según un análisis del banco BBVA.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió rápidamente al anuncio del Senado y aseguró que su gobierno lanzará un programa especial para reembolsar el 1% a los migrantes que envíen dinero en efectivo. La medida busca amortiguar el impacto directo sobre las familias receptoras, especialmente en comunidades rurales o marginadas que aún dependen del efectivo para recibir remesas.
Además de México, otros países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Haití y Jamaica también registran una altísima dependencia de estos flujos, que representan más del 15% de su PIB, según cifras del Banco Mundial. Para muchas familias, las remesas no solo permiten cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o salud, sino también representan una fuente clave de estabilidad económica frente a contextos de pobreza y violencia.
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Trump, por su parte, fijó el 4 de julio, Día de la Independencia, como fecha simbólica para promulgar la ley, aunque aún enfrenta divisiones dentro del propio Partido Republicano. Varios legisladores conservadores han expresado su desacuerdo con el proyecto.
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