Luego de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de EE.UU. que anulara dos casos históricos que habían garantizado el derecho al aborto, los legisladores de New Jersey han presentado tres proyectos de ley destinados a proteger a pacientes que viajan desde estados que restringen o prohíben el procedimiento.
De acuerdo a NJ Monitor, en votaciones divididas en gran medida por líneas partidistas, los legisladores del comité judicial del Senado y del comité presupuestario de la Asamblea aprobaron un proyecto de ley que prohibiría la extradición de cualquier persona que obtenga o practique un aborto en New Jersey a cualquier estado que lo restrinja o criminalice.
El comité de la Asamblea también aprobó una legislación de ley que protegería a los proveedores de servicios de aborto de la entidad que atienden a pacientes de fuera del estado de la responsabilidad civil y penal, y prohibiría a otros estados que criminalizan el aborto declarar la jurisdicción sobre ellos.
Un tercer proyecto de ley prohibiría a los organismos públicos del Estado Jardín ayudar en las investigaciones de los estados que penalizan el aborto y prohibiría a los proveedores de abortos a divulgar la información de las pacientes a esos estados sin el consentimiento escrito de la afectada.
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La senadora Nia Gill (demócrata de Essex) patrocinó los dos proyectos de ley del Senado, afirmando que garantizarán que Nueva Jersey “siga siendo un lugar en el que nuestros residentes y quienes nos visitan para recibir cuidados puedan hacerlo libre y legalmente”.
Derechos protegidos
“Se espera que más de la mitad del país penalice o restrinja el acceso al aborto”, dijo Gill. “Debido a esto, sabemos que muchos vendrán a New Jersey para recibir atención. Debemos movernos a nivel estatal para proteger nuestros derechos y a nuestros ciudadanos porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que la Constitución no lo hace”.
Los legisladores de New Jersey reforzaron en enero el derecho al aborto anticipándose a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra Jackson. En esa sentencia, una mayoría conservadora del tribunal decretó que el aborto no es un derecho constitucional, anulando dos precedentes. el caso Roe v. Wade de 1973 y el caso Planned Parenthood v. Casey de 1992.
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