El gobierno del presidente José Antonio Kast decidió frenar el proceso de regularización de más de 182.000 migrantes impulsado por la administración de Gabriel Boric, marcando un giro en la política migratoria del país.
La medida fue confirmada por autoridades del Servicio de Migraciones, quienes señalaron que el decreto preparado por el gobierno saliente no será implementado. Según el Ejecutivo, la decisión responde a preocupaciones en materia de seguridad, tras detectar que miles de personas empadronadas habrían cometido delitos.
Kast, quien asumió la presidencia el pasado 11 de marzo, ha reiterado su compromiso de aplicar una política de “mano dura” frente a la migración irregular. En esa línea, anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley orientados a sancionar el ingreso ilegal y a castigar a quienes faciliten el paso de indocumentados.
Además, el mandatario ha reforzado la vigilancia en la frontera norte, especialmente en la región de Arica, con la construcción de barreras físicas y el despliegue de tecnología como drones y sensores. También se incrementará la presencia militar en la zona.
La decisión ha generado incertidumbre entre comunidades migrantes, especialmente entre quienes participaron en el proceso de empadronamiento. Mientras tanto, el gobierno insiste en que sus medidas buscan contener el avance del crimen organizado, pese a que Chile mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región.
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“No queremos hacer una persecución lugar por lugar, pero cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”, advirtió Kast en una entrevista en Canal 13.
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