El gobierno de El Salvador reconoció ante investigadores de Naciones Unidas que la Administración Trump mantiene el control sobre un grupo de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a una cárcel salvadoreña, contradiciendo las versiones oficiales de ambos países.
La revelación fue incluida en documentos judiciales presentados por abogados que representan a más de 100 migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones estrictas. El caso forma parte de una serie de demandas que cuestionan las políticas migratorias del presidente Donald Trump, indica una reseña publicada en apnews.com.
“En este contexto, la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, admitieron funcionarios salvadoreños ante un grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU investiga las deportaciones realizadas en marzo, cuando casi 300 migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador.
Aunque la Administración Trump ha sostenido que los migrantes ya no se encuentran bajo la jurisdicción estadounidense, los abogados de los detenidos aseguran que los documentos de la ONU demuestran lo contrario.
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“El Salvador ha confirmado lo que nosotros entendíamos desde el inicio: Estados Unidos sigue controlando el destino de estos hombres”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
En marzo, EE.UU. firmó un acuerdo por 6 millones de dólares para que El Salvador alojara a los migrantes, muchos de los cuales han sido acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. La medida fue amparada por la Ley de Enemigos Extranjeros, una polémica norma de tiempos de guerra del siglo XVIII.
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