La cancelación del programa CBP One y otras restricciones migratorias impuestas por el presidente Donald Trump han intensificado la crisis migratoria en el sur de México, particularmente en Tapachula, en el estado de Chiapas, donde traficantes de personas se disputan violentamente las rutas hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), denunció en días pasados que los traficantes cobran entre 10.000 y 15.000 dólares por viaje hacia la frontera sur de EE.UU., lo que ha desencadenado una guerra entre cárteles criminales por el control de este negocio. “La mitad de ese botín se disputa en una lucha intestina, incluso con la participación de la policía chiapaneca”, afirmó.
A pesar de las medidas estadounidenses, García Villagrán explicó que los migrantes siguen cruzando por el río Suchiate desde Guatemala y son trasladados hacia el norte, demostrando que la migración irregular continúa activa.
Migrantes como la cubana Ghislayne Jiménez Moret relatan haber pagado miles de dólares a “coyotes” para llegar hasta Tapachula. Jiménez, psicóloga de profesión, trabaja más de 17 horas diarias en una empacadora para cubrir sus gastos, según dijo a un medio de comunicación local. Por su parte, Fredy Lozano, migrante ecuatoriano, denunció por el mismo medio, extorsiones por parte de autoridades migratorias durante su trayecto y ahora sobrevive limpiando vidrios mientras espera regularizar su situación.
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Las políticas de Trump, que incluyen la eliminación del parole humanitario para varios países y la aplicación CBP One, han dejado a más de medio millón de personas en un limbo legal o en situación irregular, intensificando la crisis humanitaria en la región.
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