Una ley federal que tipifica como delito que una persona fomente la inmigración ilegal, no viola la protección constitucional de la libertad de expresión. Ese fue el dictamen que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió el pasado viernes 23 de junio para ratificar de esta manera una normativa que data de hace varias décadas y que ha sido defendida por la Administración de Joe Biden.
El fallo derogó la decisión de un tribunal inferior de revocar la disposición, que es parte de un estatuto de inmigración más amplio, en un caso que involucraba a un hombre de California llamado Helaman Hansen que engañó a inmigrantes mediante un falso programa de “adopción de adultos”.
El tribunal de primera instancia había dictaminado que la ley era extremadamente amplia porque podía criminalizar el discurso protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La medida prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a “venir, ingresar o residir” de forma ilegal en territorio estadounidense, inclusive con fines de lucro.
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La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, desestimó la condena de Hansen de 2017 por violar la medida. El hombre también fue declarado culpable de fraude postal y electrónico y sentenciado a 20 años de prisión. Actualmente está fuera de prisión esperando su apelación.
Entre 2012 y 2016 Hansen ejecutó un programa en el que cobraba hasta 10.000 dólares por una supuesta vía segura hacia la ciudadanía de Estados Unidos. Les prometía que los inmigrantes indocumentados podrían convertirse en ciudadanos a través de un servicio de adopción de adultos y convenció a 471 personas para que participaran.
En el fallo que anuló la ley, el Noveno Circuito dictaminó que criminaliza incluso el discurso común, como decirles a los inmigrantes: “Los animo a residir en Estados Unidos”, o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles.
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La referida decisión se aplica en el grupo de estados sobre los que tiene jurisdicción, en los que están incluidos Arizona y California que limitan con México.
La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en Denver, también falló en contra de la ley en un caso separado.
El Gobierno de Joe Biden argumentó que la ley no cubre ciertos escenarios hipotéticos relacionados, como alentar a inmigrantes ilegales en el país a permanecer en Estados Unidos o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. La ley apunta solo a facilitar o solicitar conductas ilegales, no a la “defensa general”, argumentó el Departamento de Justicia.
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