La Corte Suprema de Estados Unidos acordó detener la orden de un tribunal que prohíbe al Gobierno regular bajo la ley federal las llamadas “armas fantasmas”, que son aquellas de fabricación casera que no son rastreables por los organismos de seguridad y que no requieren una verificación de antecedentes para la compra.
La votación que se registró durante la sesión fue de 5-4. Según el portal de noticias CNN, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la conservadora, Amy Coney Barrett, se unieron a tres jueces liberales para permitir la entrada en vigor de la norma.
Las “armas fantasmas” son kits que un usuario puede comprar en Internet para construir una de fuego totalmente funcional. No tienen número de serie, no requieren verificación de antecedentes y no proporcionan registros de transferencia para facilitar su rastreo. Esto resultan atractivas para las personas que tienen prohibida la compra por ley.
La Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives actualizó sus regulaciones en 2022, con la finalidad de definir este tipo de kits como armas de fuego bajo la ley para que el gobierno pudiera rastrearlas de manera más cuidadosa.
La norma no prohíbe la venta o posesión de ningún kit de “arma fantasma”, así como tampoco impide que una persona compre uno, pero si se imponen condiciones a la venta comercial. Estas incluyen el requisito de que los fabricantes y vendedores marquen los productos con números de serie y lleven registros que permitan a las autoridades rastrearlas.
A finales de junio, el juez Reed O’Connor, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, bloqueó la norma en todo el país, al considerar que la agencia federal se había excedido en su autoridad.
O’Connor precisó en su orden que la definición de arma de fuego del Congreso no abarca piezas o agregados de armas, independientemente de si estas pueden ser fácilmente ensambladas en algo que pueda disparar un proyectil.
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“Incluso, si es cierto que esa interpretación crea lagunas que, como cuestión de política, deberían evitarse, no es función del poder judicial corregirlas”.
Presentación ante la Corte Suprema
En la presentación ante la Corte Suprema, la procuradora general Elizabeth Prelogar enfatizó a los jueces que, en los últimos años, los departamentos de policía de todo el país se han enfrentado a un importante número de delitos relacionados con armas fantasma.
La normativa de la ATF fue impugnada por dos residentes de Texas, así como por un grupo de defensa de los derechos de las armas. Sus abogados coincidieron que el juez de primera instancia se había excedido en su autoridad.
Ante esto, David Thompson, uno de los abogados de los impugnantes, argumentó en los documentos judiciales que “la Ley de Control de Armas de 1968 refleja una opción política fundamental del Congreso para regular el mercado comercial, dejando al mismo tiempo a los ciudadanos respetuosos de la ley de este país la libertad de ejercer su derecho a fabricar armas de fuego para su propio uso sin una excesiva regulación federal.
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