Varias organizaciones defensoras de derechos humanos repudiaron públicamente la colaboración del Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico con las políticas migratorias de la Administración del presidente Trump. La denuncia se realizó durante una manifestación en la que participaron activistas y representantes de entidades locales e internacionales.
Según las organizaciones convocantes, el consulado ha optado por alinearse con prácticas federales y locales que han sido señaladas como violatorias de derechos humanos, en lugar de asumir un rol activo en la protección de la comunidad dominicana residente en la isla. En un comunicado, Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe, afirmó que la representación consular “ha evadido la realidad de discriminación y violencia institucional” que enfrentan los migrantes dominicanos, legitimando políticas que fomentan el miedo y la persecución.
A la protesta se sumaron portavoces de Amnistía Internacional Puerto Rico, Kilómetro 0 y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, organizaciones que impulsan la campaña “Migrar es un Derecho”. Coincidieron en que, lejos de ofrecer protección real, el consulado ha normalizado la criminalización de la migración en un contexto de endurecimiento de las medidas migratorias en Estados Unidos.
Las entidades denunciaron que el consulado ha fallado en establecer mecanismos efectivos de apoyo, brindar información clara sobre los derechos de las personas migrantes y denunciar públicamente las redadas indiscriminadas. También señalaron la falta de acompañamiento a las familias afectadas por operativos migratorios.
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Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, lamentó que mientras la administración Trump “intensifica su maquinaria de persecución”, el consulado dominicano “elige alinearse con los mismos mecanismos que están destrozando vidas y familias”.
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