El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la semana pasada la entrada en vigor de lo que será una de las prioridades de su plan de seguridad, el proyecto Control Territorial que consta de estrategias con las que pretende reducir la violencia en el país, que continúa entre los que registran mayores tasas de homicidios en el mundo (50,3 por cada 100.000 habitantes en 2018).
Desde que asumió su cargo el pasado 1 de junio hasta ahora solo se conocían algunas líneas genéricas incluidas en su plan de gobierno presentado en campaña electoral sobre los planes para enfrentar este grave problema. En el texto del llamado Plan Cuscatlán se criticaron anteriores políticas gubernamentales de “mano dura” contra las pandillas y se apostaba por un “cambio de paradigmas” en el combate al crimen, al considerarlo un problema social surgido de la falta de oportunidades y pobreza.
El plan de seguridad que Bukele presentó a los periodistas, sin embargo, no habla de prevención ni políticas de reinserción sino de atacar a las pandillas en dos escenarios considerados clave por el actual Gobierno: las cárceles y los centros de grandes ciudades.
El plan de seguridad de Bukele pretende acabar con la actividad delictiva de las maras en El Salvador mediante tres aspectos fundamentales que son, en primer lugar atacar las finanzas de las pandillas, recuperar los centros de grandes ciudades y cortar la comunicación en las cárceles.
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Con respecto al primer aspecto Bukele quiere evitar a toda costa que las pandillas tengan ingresos y para ello aboga por atacar a quienes las financian.
“Mientras no se ataque a los que están financiando estos crímenes no vamos a pararlos”, dijo el mandatario, asegurando que sin dinero será muy difícil para las maras sostener sus estructuras.
Criticó que en el pasado “no se ha ido tras los financistas que han sido los mismos partidos políticos, y se tienen videos de partidos políticos ofreciendo hasta 10 millones de dólares a las pandillas”. Según datos de Bukele es gracias a esta práctica de extorsiones que las pandillas financian sus operaciones hasta en un 80%.
Con respecto a la recuperación de los centros de grandes ciudades, dijo que para llevar a cabo esta estrategia, su intención de controlar los territorios “donde más flujo de dinero se les generan a las pandillas”, que en su opinión son los centros históricos de ciudades de gran tamaño donde estaría la mayoría de negocios relacionados con la extorsión.
El presidente salvadoreño se aleja de la política de priorizar las actuaciones en pequeñas comunidades, donde en el pasado se centraron muchos de los esfuerzos gubernamentales contra las pandillas. Aseguró que esa táctica no tenía ningún efecto en la criminalidad “porque no es en esos lugares donde se cometen la mayoría de crímenes”.
Para recuperar el control de estos centros históricos, Bukele prometió cámaras de seguridad y mayor presencia de las fuerzas del orden, para quienes pedirá un refuerzo presupuestario de 15 millones de dólares a fin de garantizarles condiciones básicas para su trabajo.
El tercer y último pilar del plan tiene que ver con eliminar la comunicación en las cárceles. El mandatario afirmó que el 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones salen de las propias cárceles por lo que “descabezar” la comunicación en estos centros será otra de las prioridades de su plan de seguridad.
Anunció reuniones con las empresas de telefonía para que ayuden a garantizar el bloqueo de señal de teléfono que oficialmente ya está activo en las cárceles pero “se viola todos los días”. También anunció una depuración de custodios que trabajan en los centros penales y que en algunos casos fueron “contaminados por la corrupción”.
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