La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que en Venezuela continúan la violencia y el acoso contra periodistas, opositores, líderes sindicales, autoridades universitarias y otros colectivos. Añadió que dichas acciones van “acompañadas de una retórica que estigmatiza a las víctimas”.
“Las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición continúan”, aseguró Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en una intervención donde recordó la situación que vive el país suramericano desde su última comparecencia ante ese órgano en septiembre de 2019.
La expresidenta chilena recordó que desde el 5 de enero las fuerzas de seguridad venezolanas han dificultado el acceso de los diputados opositores a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), y lamentó la detención de dos de ellos, Ismael León y Gilber Caro, así como del asistente del segundo, Víctor Ugas.
En estos últimos seis meses la oficina que dirige Bachelet ha documentado diversas agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas sin que las fuerzas de seguridad actuaran ante las violentas agresiones.
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Entre los agredidos figuran 12 periodistas que el 11 de febrero daban cobertura, en el aeropuerto internacional de Simón Bolívar de Maiquetía, las incidencias del retorno a Venezuela tras una gira internacional del líder opositor Juan Guaidó, y las que sufrieron manifestantes y reporteros atacados por colectivos armados en un acto político realizado días después en el estado de Lara.
“Las agresiones suelen estar acompañadas de una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”, indicó Bachelet en su intervención, donde también mostró su preocupación por el hostigamiento contra algunas autoridades universitarias.
Bachelet criticó el proyecto de legislación para sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiación del exterior y las restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y detenciones de líderes de sindicatos.
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“Además, mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas“, indicó la alta comisionada.
Sobre el éxodo venezolano a otros países, que ya roza los cinco millones de personas, Bachelet reconoció los esfuerzos de los países de acogida en la región pero lamentó “las declaraciones de algunas autoridades” en esas naciones, “que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas”.
La delegación de Perú, en representación de 55 países, declaró la “alarma” de parte de la comunidad internacional por las “sistemáticas violaciones de derechos humanos y la pésima situación humanitaria” en una Venezuela donde un tercio de su población sufre inseguridad alimentaria.
“El sufrimiento humano en el país hunde sus raíces en años de mala administración, corrupción sistemática y un creciente autoritarismo”, destacó Perú.