Un nuevo veto migratorio promovido por la administración Trump ha generado una ola de críticas a nivel internacional. Amnistía Internacional fue una de las primeras organizaciones en alzar la voz, calificando la medida como “discriminatoria, racista y completamente cruel”.
El veto impone restricciones severas a ciudadanos de más de veinte países, entre ellos Venezuela y Cuba, agravando las dificultades que enfrentan miles de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos, informaron agencias de noticias internacionales.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, señaló que “señalar a las personas según su raza, religión o nacionalidad, de países con población mayoritariamente negra, de piel oscura o musulmana, significa discriminación racial según los derechos humanos internacionales”.
La medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos establece un veto absoluto a ciudadanos de doce países, muchos de ellos inmersos en conflictos armados o crisis humanitarias: Sudán, Libia, República Democrática del Congo, Yemen, Eritrea, Birmania, Irán, Afganistán, Haití, Chad, Guinea Ecuatorial y Somalia.
Además, impone importantes restricciones a migrantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En el caso de los venezolanos, la orden complica aún más los intentos de solicitar asilo o encontrar oportunidades legales de ingreso en territorio estadounidense.
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Amnistía Internacional ha expresado especial preocupación por el impacto de esta política en quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos. “El derecho de asilo ya es casi inexistente en las fronteras de Estados Unidos”, advirtió Callamard, subrayando que la nueva norma “inflige terribles sufrimientos a personas que escapan de zonas devastadas por la guerra y la represión”.
La medida refuerza un patrón de endurecimiento migratorio que, según organizaciones humanitarias, vulnera principios fundamentales del derecho internacional y alimenta discursos de odio y exclusión.
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