El documento subraya que, una década después de la primera ola migratoria masiva, el éxodo venezolano ya no responde únicamente a la crisis interna del país suramericano, sino que se ha regionalizado y depende también de los contextos políticos, económicos y de seguridad de los países de tránsito y destino. Entre 2022 y 2023 se registró un aumento significativo de la migración hacia Norteamérica, especialmente a Estados Unidos, a través de la peligrosa ruta del tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, donde los migrantes enfrentaron condiciones de alto riesgo, violencia y explotación.

Según datos de la plataforma R4V, hasta noviembre de 2025 se contabilizaban 6,9 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe. Colombia encabeza la lista de países receptores con 2,8 millones, seguida de Perú (1,6 millones), Brasil (732.272), Chile (669.408) y Ecuador (440.450).

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El informe también resalta que la mayoría de los migrantes venezolanos se encuentra en edad productiva, entre los 18 y 39 años, con promedios de 34 años en Colombia y Perú, y de 36 en Chile y Ecuador. En varios países, esta población presenta niveles educativos técnicos o superiores que superan a los de la población local, aunque con importantes diferencias según el destino.

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La pérdida del TPS implica la anulación del permiso de trabajo y de la licencia de conducir, dejando a miles de familias sin medios legales para sostenerse. Ante este panorama, muchos venezolanos han optado por abandonar Estados Unidos. Algunos buscan oportunidades en España, aprovechando vínculos familiares o doble nacionalidad, mientras otros se dirigen a Colombia u otros países de América Latina.

Uno de ellos es Miguel Ángel García, residente en Florida, quien decidió emigrar junto a su esposa tras seis años bajo protección temporal. “Hemos tenido que vender barato, casi a precio de regalo. Nos vamos sin deseo de irnos”, declaró a Telemundo. Su doble nacionalidad española le permitirá reubicarse en Europa junto a sus hijos.

Otro caso es el de Maryhuska Méndez, también en Florida, quien perdió el asilo en 2019 y dependía del TPS para permanecer en el país. “Queremos irnos y comenzar desde cero en otro lugar”, dijo. Ella y su familia planean viajar a Colombia, aunque enfrentan trabas migratorias.

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Abogados y organizaciones comunitarias advierten que quienes no consigan un nuevo estatus deberán abandonar el territorio estadounidense. Ante el creciente impacto humanitario, varias entidades han solicitado a la Administración Trump considerar una Salida Forzosa Diferida (DED) que permita una transición menos abrupta para los afectados.

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Lublanc Prieto, abogada especializada en derecho internacional y fundadora de la organización de asistencia humanitaria Refugiados Unidos en Colombia, precisó que la llegada de los venezolanos representó un gran reto para las autoridades colombianas en términos de asistencia humanitaria e integración de los migrantes a las comunidades receptoras.

“La administración pública colombiana no estaba preparada para recibir a los venezolanos y brindarles protección internacional como migrantes”.

Prieto afirmó que las organizaciones de asistencia humanitaria en Colombia intentan prepararse para una llegada abrumadora de venezolanos. “Si eso ocurre, sería una situación de emergencia humanitaria”.

Unos 2,86 millones de venezolanos en Colombia

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), conformada por más de 200 organizaciones de asistencia humanitaria en 17 países de la región, detalló que Colombia encabeza la lista de países latinoamericanos receptores de venezolanos, con 2,85 millones de personas.

A Colombia le sigue Perú con 1,5 millones y Brasil, con más de 568.000 personas. En cuarto lugar, figura Chile, con más de medio millón de migrantes venezolanos, reportó R4V.

México y los países de Centroamérica también se vieron perjudicados por el paso de millones de venezolanos por sus territorios en ruta hacia Estados Unidos, que a su vez recibió un flujo inédito de migrantes de este país. Solo en 2023 se registraron 3,2 millones de detenciones de venezolanos en la frontera sur, según reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Diego Beltrand, director Regional encargado para las Américas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó a BBC Mundo, que la migración venezolana planteó desafíos humanitarios, económicos y sociales para los países de acogida.

Para afrontar esos retos, los gobiernos latinoamericanos “tuvieron que coordinar esfuerzos para ofrecer asistencia inmediata, protección y oportunidades de integración a millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela”.

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Posibilidad de una nueva ola migratoria

Los países de América Latina siguen con atención la crisis política en Venezuela, tras las elecciones en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin que el Consejo Nacional Electoral presente hasta ahora las actas electorales, esas que la oposición mostró y que revelan la victoria de Edmundo González.

Ante esto, existe el temor de que el conflicto por los resultados impulse un nuevo éxodo como el que ya generó el mayor movimiento migratorio en la historia de ese sector del continente.

Se estima que otros cinco millones de venezolanos estarían dispuestos a emigrar del país en los próximos seis meses si la crisis política no se resuelve con la salida de Maduro del poder, de acuerdo con la consultora venezolana ORC Consultores.

La mayoría de los países de la región donde los venezolanos buscaron refugio durante los últimos años exigen a las autoridades electorales venezolanas que muestren las actas. Los más radicales fueron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.

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Venezuela fue el principal país de origen de los migrantes indocumentados que registró en 2023 el Instituto Nacional de Migración (INM), que reportó un aumento anual de más del 77% en la migración irregular al superar la cifra de 782.000 personas.

Igualmente, los venezolanos fueron la sexta nacionalidad con más solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con casi 5.500 peticiones el año pasado.

La llegada de venezolanos se ha sentido con particular fuerza en Tapachula, en la frontera de México con Centroamérica, donde el Centro de Dignificación Humana (CDH) indica que la cifra de migrantes de ese origen podría haber superado los 300.000, ya que el Gobierno solo contabiliza a los interceptados.

Luis Rey García Villagrán, director del CDH, indicó a agencias internacionales de noticias que la tendencia es creciente.

“En 2022, a pesar de una pequeña disminución (frente a 2021), aun así fue mucho mayor. Nosotros consideramos que un poco más de 260.000 migrantes de origen venezolano ingresaron (por la frontera sur) y ya en 2023 definitivamente el flujo aumentó”, pormenorizó con base en estimaciones de la organización civil.

En la frontera sur, en Ciudad Hidalgo, se mantiene un campamento de entre 500 y 1.000 venezolanos con casas de campaña en espera de recibir atención de las autoridades mexicanas.

García Villagrán refirió que los migrantes llegan a México por la crisis económica por problemas políticos, falta de alimentos y necesidad de empleo.

La situación se ha agudizado mientras Venezuela se prepara para tener elecciones en 2024, en las que el régimen de Nicolás Maduro ha inhabilitado a la principal opositora, María Corina Machado, pese a su promesa de diálogo con la oposición.

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Aunque el presidente de México, Andrés López Obrador, ha mostrado un discurso de acogida, los migrantes venezolanos denunciaron la violencia del crimen organizado y la discriminación del Gobierno.

Miles de migrantes venezolanos han denunciado que han tenidos que enfrentar estafas, extorsiones, abusos y malos tratos de la policía en territorio mexicano.

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En medio de una vertiginosa inflación a la que se suma el desplome de la producción agrícola y de una lenta recuperación del turismo en el país, muchos jóvenes han partido desilusionados por el rápido deterioro de la situación económica.

“Era muy difícil resolver y saciar las necesidades básicas, no había de nada, el tema de los apagones era insoportable y el de la comida, el precio del dólar” subía sin parar, dice a AFP una inmigrante cubana que llegó a Miami el pasado noviembre.

La ruta más común de los cubanos que emigran es viajar por vía aérea hasta Managua, Nicaragua y desde ahí recorrer un riesgoso camino de aproximadamente 3.000 kilómetros hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer en fecha reciente que en 2023 registró unas 153.600 entradas irregulares de cubanos a territorio estadounidense. Otros 67.000 volaron directamente a Estados Unidos gracias al programa conocido como Parole, implementado hace un año por la Administración de Joe Biden.

Sumado a los más de 313.000 que ingresaron sin papeles en 2022, esto “representa el mayor número de migrantes cubanos jamás registrado en dos años corridos desde el comienzo del éxodo cubano posrevolucionario en 1959”, comenta Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

En dos años al menos 533.000 cubanos llegaron a Estados Unidos, una cifra equivalente al 4,8% de los 11,1 millones de habitantes de la isla. Esto, sin contar las entradas con otros tipos de visas sobre las cuales no hay cifras oficiales disponibles.

A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980 cuando 130.000 cubanos partieron de la isla, seguida por los “balseros” en 1994 con 35.000 y la huida por razones políticas entre 1960 y 1963 de 300.000 al principio de la revolución.

En los últimos dos años se han ido de la isla “muchos jóvenes con niveles educativos y ocupacionales elevados, lo que representa una pérdida sustancial de recursos humanos para Cuba, que tiene una de las poblaciones más envejecidas de la región”, agrega Jorge Duany.

América Latina y Europa también son destino de decenas de miles de cubanos, sin embargo, no hay una cifra oficial global.

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Por ejemplo, 36.574 cubanos pidieron refugio en México entre 2022 y 2023, mientras que al menos 22.000 ingresaron a Uruguay y cientos llegaron a Chile, según cifras oficiales de estos tres países consultadas por AFP.

La salida masiva inició en noviembre de 2021, cuando Nicaragua, un aliado de Cuba, eliminó el requisito de visa para cubanos. Una válvula de escape para la isla sumida en su peor crisis económica en tres décadas.

En 2023 se disparó también un inusual tráfico de vuelos subarrendados cargados de migrantes cubanos hacia Managua, un fenómeno que llevó a Washington a sancionar en noviembre pasado a estas empresas aéreas.

En Europa, España es uno de los destinos favoritos de los cubanos, en especial luego de la aprobación en 2022 de la llamada ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad a descendientes de españoles.

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“Le hemos propuesto a Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos para que cada familia vuelva a su lugar, a su terruño”, comentó el mandatario colombiano en una declaración conjunta con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, durante una visita de Estado a la capital Caracas.

Gustavo Petro insiste en impulsar su propuesta para ayudar a aliviar la situación migratoria en América Latina, que consiste en la idea de que si a Venezuela, que es de donde proceden actualmente la mayoría de migrantes, se le levantan las sanciones, el retorno sería voluntario.

No obstante, en su declaración con Maduro no mencionó de forma directa las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, como si lo ha hecho en las últimas dos veces que se ha visto con el presidente estadounidense, Joe Biden, en las últimas semanas.

Tampoco Nicolás Maduro ha hecho referencia a la migración o a propuestas concretas y se ha limitado a decir que habían conversado, él y Petro, durante su encuentro de casi 3 horas, “el tema migratorio”.

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Reiteró que ha propuesto dicho programa a la Administración de Joe Biden, sin dar a conocer la respuesta o recepción de la idea que ha tenido en Estados Unidos, que es el país de destino de la mayoría de migrantes.

Más de 7,3 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, según datos de gobiernos y de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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De acuerdo con datos del Censo de Estados Unidos, un total de 79.535 personas abandonaron Miami Dade para establecer su residencia en otras ciudades de Florida o del país entre los años 2020 y 2022, una cifra menor a la de los nuevos llegados al condado.

Los analistas dicen que el principal motivo de esta migración de vecinos es la escasez de vivienda asequible tanto para alquiler como para compra, según citan algunas agencias de noticias internacionales.

Un informe de la Florida Atlantic University (FAU) enfatiza que las propiedades inmobiliarias ubicadas en el área metropolitana de Miami están en el puesto 11 de las más sobrevaloradas del país, y esto ocurre a solo un año de cuando estaban en el lugar más bajo de esta clasificación.

En la actualidad, el sobreprecio que se paga por una vivienda promedio en el área de Miami oscila el 39% según refieren los especialistas de la FAU y otras universidades,  incluida la Florida International University (FIU) que son las que realizaron el citado informe.

Para finales de junio del presente año el costo de una unidad habitacional media en Miami era de 458.749 dólares. “Los precios de las viviendas en el sur de Florida han comenzado a aumentar en los últimos meses. Es difícil saber si es el efecto de la temporada de ventas de verano o la reactivación del crecimiento de los precios en el área”, comenta el economista de bienes raíces de la FAU, Ken Johnson.

Todavía con estos precios, el área metropolitana de Miami no es la que tiene las viviendas en venta más sobrevaloradas de Florida, donde se encuentran nueve de las 15 zonas con más sobreprecio del país.

El informe indica que, por ejemplo en Tampa los compradores pagan una prima promedio del 42,56% por una casa. Comparativamente, Atlanta y Detroit son los dos mercados más sobrevalorados del país con 47,34% y 46,08%, respectivamente.

Alquileres por las nubes

Según datos de la empresa Zumper, especializada en alquiler de viviendas, en Miami la renta promedio de un apartamento de dos dormitorios para junio pasado era de 3.900 dólares, un 32% más alta que en el mismo mes de 2022, mientras que el monto promedio por alquilar un apartamento de un dormitorio ascendía a 2.835 dólares, que se traduce en un 29% más alto.

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El problema de la falta de accesibilidad a viviendas en el área de Miami es tan cierto que el Ejército estadounidense anunció en días pasados un proyecto de construcción de viviendas “asequibles” para los militares apostados en el estado del sol y que tienen dificultades para encontrar una casa que puedan pagar.

En Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach con una población conjunta de más de 2,5 millones de personas, existe el índice de inflación más alto de todo el país, un 9% frente a 4% del promedio nacional, de acuerdo con datos oficiales.

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La denuncia fue realizada este viernes 26 de mayo por la presidenta del Partido Demócrata de Florida Nikki Fried, quien hasta hace poco ocupo el cargo de Comisionada de Agricultura de este estado.

Al pie del monumento “La antorcha de la amistad” de Miami, que simboliza hospitalidad a los inmigrantes, Fried expuso ante medios de comunicación las razones por las que considera que ley migratoria SB1718 que entrará en vigencia el próximo jueves 1 de junio, causará un “desastre” peor al de leyes del mismo estilo promulgadas en los estados de Alabama y Arizona.

Según la demócrata, la “espina dorsal de la economía” de Florida conformada por la agricultura, el turismo y la construcción, sufrirán un declive a corto, mediano y largo plazo a causa de la ley SB1718 ya que esos tres motores económicos del estado dependen de la mano de obra indocumentada.

La ex funcionaria refirió que algunos cálculos indican que en Florida, un estado de más de 21 millones de habitantes, residen unos 800.000 inmigrantes indocumentados.

El 60% de los trabajadores de la agricultura en Florida permanece en situación migratoria irregular, por lo tanto están amenazados por la ley promulgada por DeSantis, que les condena a la deportación, impone fuertes multas a los empresarios que den empleo a esos trabajadores sin documentación e incluso castiga a los familiares que los ayudan.

Al lado de representantes de las comunidades venezolana, nicaragüense, cubana y colombiana entre otras, la excomisionada de Agricultura de Florida indicó que los efectos de la ley SB1718 ya se comenzaron a sentir, por lo que exhortó a actuar no solo contra esas medidas que calificó de “extremistas”, sino también para evitar que DeSantis llegue a la Casa Blanca.

Desde el pasado 24 de mayo DeSantis es candidato oficial a las primarias republicanas y desde mucho antes ha mostrado con sus acciones que la inmigración irregular será el caballo de batalla de su campaña para llegar a la Presidencia de Estados Unidos.

“No merece ser gobernador de Florida, ni mucho menos llegar a la Casa Blanca”, comentó por su parte Milli Herrera, dirigente comunitaria y expresidenta del Caucus Hispano de Florida, quien destacó los efectos negativos de la ley en las pequeñas y medianas empresas del estado que según dijo “van a vender menos y a comprar menos”.

La ley SB1718 significará menos ingresos para las arcas del estado y menos recursos para el sistema de salud de Florida y puede elevar los precios de los productos básicos, los costos de construcción y los hoteleros, aseguraron los otros oradores presentes en la actividad.

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Por su parte, el economista y profesor universitario nicaragüense Francisco Larios dijo que “es un mito que los inmigrantes no pagan impuestos”, e instó a dejar de ver “la inmigración como un problema”, a pesar de que haya políticos “demagogos” que se lo hagan creer a la gente para crear miedo y división.

Asimismo, Adelys Ferrro miembro de la organización Caucus Venezolano-Americano, acusó a DeSantis de utilizar una retórica de crítica a “gobiernos dictatoriales como el de Venezuela” y luego perseguir a los que llegan a Florida huyendo precisamente de esa dictadura.

Sobre el mismo tema opinó Sabina Covo, comisionada de Miami y empresaria de origen colombiano, quien consideró “una falta de respeto a la dignidad de personas” que en muchos casos llegan a Florida escapando de persecuciones y autoritarismo negarles “sus derechos básicos de tener un techo, trabajo o una licencia de conducir”.

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Tras el cierre debido a la pandemia el restaurante reabrió sus puertas dos meses antes de que Nicaragua decretara la exoneración de visado para los cubanos en noviembre de 2021, medida que desató la mayor ola migratoria de la isla en más de seis décadas de gobierno comunista.

“La apertura de Nicaragua fue un golpe. De 50 trabajadores nos quedamos con 30 en una semana”, dice a la AFP Annie Zúñiga encargada de la contratación de personal en el restaurante, quien agrega que de los 60 trabajadores contratados en los últimos 14 meses “en Cuba quedan 10”.

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Cubrir las vacantes que dejan los que emigran se convierte en una tarea que consume tiempo y recursos.

Según estadísticas oficiales de EE.UU., en 2022 las autoridades fronterizas de ese país interceptaron en 313.488 ocasiones a cubanos que entraron ilegalmente al país. La mayoría ingresó por la frontera con México, aunque la llegada por mar a través del estrecho de Florida también se incrementó el año pasado.

Estados Unidos, que intenta frenar con nuevas medidas el flujo migratorio desde América Latina y el Caribe, es el principal destino de los cubanos.

El éxodo masivo ocurre en momentos en que la población de Cuba, con 11,1 millones de habitantes, envejece y decrece, además de enfrentar su peor crisis económica en tres décadas debido al impacto de la pandemia, problemas de ineficiencia interna y el bloqueo estadounidense.

Los cubanos padecen una inflación vertiginosa y hacer tediosas colas para comprar comida y combustible, los medicamentos son escasos y las fallas en el suministro de electricidad alcanzaron en 2022 un récord.

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La mayoría de los cubanos que emigran tienen edades comprendidas entre los 19 y 49 años y cuentan con altos niveles de calificación, según datos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.

La oleada migratoria que se registra en la isla caribeña golpea a muchos sectores del país, incluido el turismo que es motor económico que comenzaba a reactivarse tras el fuerte impacto de la pandemia.

Por ejemplo, en los hoteles de lujo “un 30% de los empleados” del Hotel Parque Central, una empresa mixta con inversiones del grupo español Iberostar y del Gobierno cubano, emigró y sus ejecutivos tuvieron que contratar a estudiantes de hotelería para cubrir vacantes, según comentó un entrevistado por AFP.

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Según refiere Manuel Orozco, especialista en temas migratorios e investigador del Centro de Análisis e Intercambio Político Diálogo Interamericano ubicado en Washington, esta es una cifra récord de migrantes en la historia contemporánea de Nicaragua.

De acuerdo con lo que señala el reporte denominado “Año del éxodo: 328.000 nicaragüenses salieron del país en 2022”, entre enero y noviembre de 2022 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) dio cuenta de 181.566 detenciones de migrantes nicaragüenses en las fronteras estadounidenses.

Por otra parte, durante el mismo periodo del año pasado, en Costa Rica las autoridades migratorias contabilizaron 76.676 solicitudes de refugio de nicaragüenses.

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Los restantes 70.201 nicaragüenses partieron hacia otros destinos como Guatemala, El Salvador, Panamá, México, España y Canadá según indica el periódico digital dirigido por el exiliado periodista nicaragüense, Carlos Chamorro.

En los últimos tres años 504.485 nicaragüenses has salido de su país, lo que se traduce en un 7,6 % de la población total, de acuerdo al trabajo de investigación que señala que la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive la nación centroamericana desde abril de 2018, sumado a razones económicas, son las causas de ese éxodo masivo.

Según datos oficiales citados en el trabajo de investigación, Estados Unidos es el principal destino de los migrantes nicaragüenses, y añade que en noviembre de 2022 la CBP reportó 34.292 detenciones de nicaragüenses, que es el 12 % del total de detenciones de migrantes de distintas nacionalidades, lo que da como resultado un promedio de 1.143 por día.

Entre enero y octubre de 2022 Nicaragua recibió un nuevo récord de 2.578,3 millones de dólares por concepto de remesas lo que se traduce en un 47,6 % más que en el mismo periodo de 2021, según datos del Banco Central de Nicaragua.

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Los 2.578,3 millones de dólares recibidos en concepto de remesas familiares a octubre pasado representan un 18,4 % del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua.

“Las redes transnacionales que salieron en 2020 y 2021 confirmaron que la ruta Nicaragua-Estados Unidos es viable para pedir asilo; esta viabilidad se mide en relación con el costo de emigrar, la forma en cómo hacerlo y la posibilidad de entrar a Estados Unidos”, explicó Orozco.

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