La acción legal es liderada por los fiscales Rob Bonta (California), Letitia James (New York) y Brian Schwalb (Distrito de Columbia). La querella busca bloquear la implementación de un nuevo Sistema de Registros (SORN) en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), un esquema que otorga más de 16.000 millones de dólares anuales a hogares de bajos recursos.

De concretarse, el SORN permitiría el intercambio masivo de información personal con entidades federales, estatales y privadas, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, los demandantes advierten que la medida ampliaría drásticamente la supervisión del gobierno federal sobre las iniciativas estatales contra la pobreza.

El fiscal californiano Rob Bonta calificó la iniciativa de cruel, ilegal y de constituir un intento de vigilancia masiva utilizando un beneficio diseñado para evitar el hambre infantil. En el recurso presentado ante un tribunal federal, las autoridades argumentan que el proyecto viola la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Cruce de Datos Informáticos y la Cláusula de Gasto constitucional.

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Junto a los líderes de la querella se sumaron fiscales de estados como Illinois, Massachusetts, Washington y Pensilvania. La coalición advierte que este cruce de información pone en riesgo a las familias más necesitadas al disuadirlas de solicitar la ayuda económica directa a la que tienen derecho.

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El avance de la IA también comienza a modificar el panorama de amenazas. Casi el 19% de los ataques maliciosos en América Latina fueron generados mediante inteligencia artificial, principalmente a través de técnicas de suplantación de identidad con deepfakes y malware habilitado por IA.

Estas herramientas están reconfigurando la economía de las filtraciones de datos: los ataques pueden ejecutarse con mayor velocidad y a un menor costo, mientras que las organizaciones enfrentan gastos cada vez más elevados para detectar, contener y corregir las consecuencias de una vulneración.

El informe también muestra que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de defensa. Las empresas latinoamericanas que utilizan IA y automatización en sus operaciones de seguridad reportaron un costo promedio de $4,04 millones por filtración, frente a los $5,64 millones registrados entre aquellas que todavía no habían implementado estas tecnologías.

La diferencia, de $1,6 millones por incidente, muestra el impacto económico que puede tener la adopción de herramientas de IA y automatización en la seguridad informática. En un escenario donde los ataques pueden multiplicarse rápidamente, pero cada filtración puede representar pérdidas millonarias, la tecnología comienza a jugar un papel central en la economía del riesgo cibernético.

La inversión en seguridad va en aumento

Alrededor del 64% de las organizaciones en América Latina dijeron que planean aumentar la inversión en seguridad después de experimentar una violación de datos.

Las principales inversiones planeadas son herramientas de seguridad y gobernanza de IA, 60%; herramientas de gestión de criptografía, 52%; y soluciones de gestión de identidad y acceso, 47%.

Sin embargo, sigue existiendo una brecha en la que los atacantes se mueven más rápido. A nivel global, aunque más del 50% informó utilizar agentes para la detección y contención de amenazas, solo el 18% aplica agentes a la gestión de vulnerabilidades, lo que deja exposiciones conocidas que persisten incluso cuando la IA acorta las ventanas de explotación.

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En una investigación de seguimiento adicional realizada por Ponemon, tres cuartas partes de las organizaciones dicen que las amenazas de IA fronterizas están impulsándolas a repensar cómo se implementan los agentes en sus operaciones de seguridad.

En América Latina, las industrias que informaron el costo promedio más alto de una violación de datos fueron la energía, $5,12 millones; la tecnología, $5,10 millones; y la industria, $5,08 millones.

Estas cifras superan el costo promedio regional de violación de $4,65 millones, lo que destaca el mayor impacto financiero que los incidentes cibernéticos pueden tener en las organizaciones que operan en sectores críticos y altamente conectados.

Otros hallazgos

• Las organizaciones en América Latina con un uso extenso de IA y automatización de seguridad informaron un costo promedio de violación de $4,04 millones, en comparación con $5,64 millones entre las organizaciones que no habían adoptado estas capacidades.
• Persisten las brechas de cifrado en toda la región. Solo el 31% de las organizaciones informó que cifraron datos confidenciales tanto en reposo como en tránsito en el momento de la violación, mientras que el 52% indicó que no tenían cifrado implementado en ambos entornos.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el sábado que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 1.430 personas, mientras que otras 3.238 resultaron heridas. Además, señaló que las autoridades han registrado un total de 432 eventos sísmicos, incluidos los dos movimientos principales que sacudieron al país.

Las tensiones alcanzan su punto más álgido ante lo que muchos venezolanos consideran una respuesta insuficiente por parte del Gobierno. En varias de las zonas afectadas, vecinos y familiares de las víctimas remueven los escombros utilizando palas y, en muchos casos, sus propias manos, con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Uno de los estados más golpeados fue La Guaira, donde decenas de personas participan en tareas de búsqueda junto a equipos de rescate. A estas labores se suman brigadas internacionales que llegaron al país para reforzar las operaciones y brindar apoyo en las áreas de mayor devastación.

De acuerdo con las agencias de ayuda humanitaria, las primeras 48 a 72 horas posteriores a un terremoto representan el período más importante para localizar personas con vida, aunque las posibilidades de supervivencia pueden extenderse si los afectados logran acceder a agua o alimentos.

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Las autoridades venezolanas informaron que, hasta el sábado, habían arribado al país 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos especializados en rescate.

A más de 72 horas de los terremotos, el paso del tiempo aumenta la incertidumbre entre las familias que aguardan noticias de sus seres queridos, mientras las esperanzas de encontrar sobrevivientes siguen concentradas en el trabajo ininterrumpido de rescatistas y ciudadanos.

Los dos fuertes sismos del pasado 24 de junio ocurrieron con apenas unos segundos de diferencia. El segundo, de magnitud 7,5, fue considerado uno de los movimientos telúricos más intensos registrados en Venezuela durante el último siglo.

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El Pew Research Center compartió datos calve sobre los cubanos en Estados Unidos:

• Los cubanos constituyen el tercer grupo de origen hispano más numeroso en Estados Unidos, después de los mexicanos y los puertorriqueños. En 2024, se estimaba que había 2,9 millones de personas de origen cubano en el país, lo que representa un aumento del 23% en comparación con 2019.

Este crecimiento supera al registrado por los mexicanos y los puertorriqueños durante el mismo período, 5% en ambos casos, aunque se mantiene por debajo del experimentado por otros grupos de origen latinoamericano, como los venezolanos, 119%, los colombianos, 43%, y los hondureños, 37%.

• Más de la mitad de los cubanos en Estados Unidos, el 57%, equivalente a unos 1,7 millones de personas, son inmigrantes, es decir, nacieron fuera del país. Esta alta proporción refleja la llegada sostenida de población cubana a lo largo de las décadas, con un incremento notable en los últimos años.
• La inmigración cubana hacia Estados Unidos ha variado a lo largo del tiempo, con olas significativas desde la década de 1960 tras la Revolución Cubana y en los años 70. En los 80 destacó el éxodo de Mariel, cuando unos 125.000 cubanos llegaron al país en medio de una crisis política y económica. Tras un repunte a mediados de los 2000 que se mantuvo hasta la pandemia, la llegada de migrantes volvió a incrementarse con fuerza a partir de 2022.
• La política migratoria de Estados Unidos hacia los cubanos ha evolucionado desde un trato preferencial en las décadas posteriores a 1960, cuando muchos eran admitidos como refugiados, hasta la eliminación en 2017 de la política de “pies mojados, pies secos”. Desde entonces, los migrantes cubanos están sujetos a las mismas normas que otros inmigrantes.
• Como resultado de los cambios en las políticas migratorias, el número de inmigrantes cubanos indocumentados en Estados Unidos ha aumentado de forma significativa. Mientras que antes de 2017 esta cifra era prácticamente inexistente, para julio de 2023 se estimaban unos 475.000, a los que se sumaron al menos 250.000 más hasta finales de 2024.

Muchos de estos migrantes han contado con protecciones temporales frente a la deportación en los últimos años, aunque varios de estos programas han sido posteriormente eliminados o modificados, cambiando nuevamente el panorama migratorio.

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• Florida alberga más cubanos que cualquier otro estado. Aproximadamente seis de cada diez cubanos, el 61%, es decir, 1,8 millones; viven en Florida. Ningún otro grupo de origen hispano está tan concentrado en un solo estado.

Otro 8% de los cubanos vive en Texas, 225.000. Otros tres estados representan cada uno alrededor del 3% del total de cubanos: California, 99.000; New Jersey, 98.000; y New York, 85.000.

• El área metropolitana de Miami cuenta con una población cubana especialmente numerosa. Aproximadamente cuatro de cada diez cubanos, el 42%, es decir, 1,2 millones, viven en Miami y sus alrededores.
• Los cubanos constituyen el grupo hispano de mayor edad, con una edad media de 38,2 años. Esta cifra coincide con la edad media de la población estadounidense en general, pero es considerablemente superior a la edad media de todos los hispanos, 30,2 años.
• Los cubanos tienen un nivel educativo algo inferior al de los estadounidenses. Los nacidos en el extranjero tienen menos probabilidades que los estadounidenses de tener al menos una licenciatura, mientras que ocurre lo contrario con los cubanos nacidos en Estados Unidos.

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El proyecto, liderado por Iron Mountain, contempla una inversión de 150 millones de dólares y la edificación de una instalación de casi 14.000 metros cuadrados. Concebido como parte de una iniciativa impulsada por el condado de Miami-Dade, el centro —denominado MIA-1— busca ampliar la capacidad tecnológica de la región en un contexto de creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Sin embargo, el desarrollo ha avanzado con bajo perfil, lo que ha despertado inquietud entre los vecinos. Algunos residentes sostienen que no han recibido información suficiente sobre las implicaciones a largo plazo del proyecto en su entorno, particularmente en aspectos vinculados al consumo de recursos y posibles efectos ambientales.

Preocupación por impacto ambiental y transparencia

Diversos estudios han puesto en evidencia los desafíos asociados al crecimiento de centros de datos. Una investigación de Universidad de Cornell advierte que, de mantenerse la tendencia actual, estas instalaciones podrían generar entre 24 y 44 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono hacia 2030. Asimismo, el uso intensivo de sistemas de enfriamiento podría implicar un consumo anual de agua capaz de abastecer a millones de hogares en Estados Unidos.

En este contexto, residentes como Elizabeth Favier Bellamy han expresado su preocupación por posibles aumentos en las tarifas de servicios públicos, así como por riesgos ambientales que aún no han sido comunicados de manera clara. Durante una asamblea vecinal, Bellamy cuestionó la falta de transparencia en torno al proyecto y advirtió sobre las consecuencias que podría tener en la calidad de vida de la comunidad, según informó el diario local Miami Herald.

A estas inquietudes se suma el marco regulatorio vigente en Florida, que ha sido objeto de críticas. Legislaciones recientes permiten que empresas tecnológicas firmen acuerdos de confidencialidad con autoridades estatales, lo que, según expertos, podría limitar el acceso público a información relevante sobre el impacto de estas operaciones.

Desde la empresa promotora aseguran que el centro funcionará con energía libre de carbono, utilizando fuentes renovables como la solar, eólica e hidráulica. No obstante, hasta el momento no se han detallado los mecanismos específicos mediante los cuales se garantizará este suministro energético.

El crecimiento de este tipo de infraestructura no es aislado. De acuerdo con datos del sector, Florida cuenta con más de un centenar de centros de datos operativos, incluidos varios en el condado de Miami-Dade, y existen nuevos proyectos en evaluación en distintas localidades del estado.

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En paralelo, el impacto económico del centro también genera escepticismo. Aunque se prevé la creación de 30 puestos de trabajo con salarios superiores al promedio local, algunos vecinos consideran que la cifra es insuficiente para una comunidad de cerca de 10.000 habitantes. Además, varios de los empleos anunciados corresponden a modalidades remotas, lo que reduce el beneficio directo para los residentes de Westview.

El caso refleja un debate más amplio sobre el papel de la infraestructura tecnológica en entornos urbanos vulnerables. Mientras las autoridades promueven la innovación y la inversión, los residentes reclaman mayor transparencia, participación y garantías de que estos desarrollos no profundizarán desigualdades existentes.

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La alcaldesa Cherelle Parker compartió con orgullo que Philadelphia haya obtenido la Certificación Oro What Works Cities de Bloomberg Philanthropies para 2025. “Este reconocimiento subraya nuestro compromiso continuo con la toma de decisiones basadas en datos que mejoren la calidad de vida de todos nuestros residentes”.

“Este logro es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo y de nuestros esfuerzos conjuntos para innovar y mejorar los servicios de la ciudad. Nos complace ser reconocidos entre los mejores gobiernos locales del continente americano y continuaremos aprovechando los datos y la evidencia para impulsar un cambio positivo en nuestra comunidad”.

El estándar de la Certificación What Works Cities refleja las prácticas, políticas e infraestructura que los municipios deben implementar para aprovechar eficazmente los datos y mejorar la toma de decisiones.

Today, What Works Cities SVP and Managing Director @RVHaynes joined @PhillyMayor Cherelle L. Parker to celebrate @PhiladelphiaGov‘s Gold Certification.

Philadelphia was one of the first cities to achieve WWC Certification, and in 2025 the city leveled up from Silver to Gold… pic.twitter.com/w6iCzPhiyb

— What Works Cities (@WhatWorksCities) February 2, 2026

Un ejemplo notable del uso de datos en Philadelphia es la Iniciativa HOME, cuyo objetivo es construir, preservar y restaurar 30.000 viviendas. Para agilizar el desarrollo de este plan, la ciudad analizó el proceso de apelaciones de zonificación, estableció metas de mejora y estableció una rutina de gestión del rendimiento interdepartamental.

Estos esfuerzos basados en datos redujeron el plazo de decisión de apelación de la Junta de Ajuste de Zonificación de un máximo de 78 días a un mínimo de 12 días durante un período de siete meses.

Estándar internacional de excelencia de datos

Rochelle Haynes, directora general de What Works Cities de Bloomberg Philanthropies, expresó que las ciudades reconocidas por la Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies ejemplifican lo que se puede lograr cuando los líderes municipales se comprometen con una gobernanza basada en datos: resultados reales para los residentes.

“Al obtener la certificación o avanzar a un nivel superior de reconocimiento, las ciudades demuestran y refuerzan su compromiso con el uso de datos para impulsar el progreso y obtener mejores resultados. Si bien las ciudades certificadas invierten en su capacidad de datos para resolver los problemas actuales, también desarrollan prácticas sostenibles que sientan las bases para un futuro más resiliente e innovador”.

El programa de Certificación What Works Cities, lanzado en 2017 por Bloomberg Philanthropies y dirigido por Results for America, es el estándar internacional de excelencia de datos en la gobernanza de las ciudades. El estándar mide 43 criterios.

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Una ciudad que logra entre el 51% y el 67% de los 43 criterios es reconocida en el nivel Plata de certificación. Se requiere entre el 68% y el 84% para alcanzar el Oro, y se requiere el 85% o más para llegar al Platino. El programa está abierto a cualquier ciudad en América del Norte, Central o del Sur con una población de 30.000 o más.

James Anderson, quien lidera el programa de Innovación Gubernamental en Bloomberg Philanthropies, señaló que la Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies es uno de los esfuerzos filantrópicos más grandes de la historia para mejorar la forma en que los gobiernos locales usan los datos para mejorar la vida de las personas.

“Este trabajo está ayudando a los alcaldes con mentalidad reformista en todo el continente americano a llevar sus organizaciones al siglo XXI”.

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Scott A. Sauer, gerente general de Septa, detalló que, si bien 2025 fue uno de los años más difíciles en la historia de la agencia de transporte, “nos mantuvimos enfocados en implementar mejoras en el sistema, especialmente en lo que respecta a la seguridad”.

 “Desde su punto álgido durante la pandemia, la delincuencia ha seguido disminuyendo año tras año, gracias a la ampliación del cuerpo de policía de transporte público, las mejoras tecnológicas y de infraestructura, y otras iniciativas de seguridad”.

Según datos reflejados en el cuarto informe trimestral, la Policía de Tránsito también logró avances significativos gracias a una mayor aplicación de la ley contra la evasión del pago de tarifas y otras infracciones que afectan la calidad del servicio.

Además, se registraron reducciones en siete de las ocho categorías de delitos graves, incluyendo agresiones con agravantes y robos. La delincuencia grave disminuyó en los cuatro principales medios de transporte de Septa, incluyendo la Market-Frankford Line [L], Broad Street Line [B], los autobuses y el Tren Regional.

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Los delitos graves alcanzaron su nivel más bajo desde al menos 2015, y 2025 marcó el segundo año consecutivo en que las cifras totales se sitúan por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

La Policía de Tránsito de Septa sigue dando prioridad a la lucha contra la evasión de tarifas, con un aumento del 48% en las acciones de control en comparación con el año anterior, mientras que las medidas para mejorar la calidad de vida aumentaron un 12%.

Más de 200 puertas de altura completa

Para evitar la evasión de tarifas antes de que ocurra, Septa tiene previsto instalar más de 200 puertas de altura completa de acceso a los andenes en 14 estaciones para este verano.

Septa también cuenta con una Unidad de Transporte de Superficie dedicada a garantizar el cumplimiento del pago de tarifas en autobuses y tranvías, donde el acceso no está controlado por torniquetes.

Charles Lawson, jefe de la Policía de Tránsito de Septa, aseguró a través de un comunicado que, con 250 agentes uniformados, la nómina de la policía de la agencia se encuentra en su nivel más alto en más de una década, “y otros 17 cadetes comenzaron su formación en la academia a principios de este mes”.

“Nuestros usuarios ven a los agentes nada más entrar en el sistema, y esta mayor presencia policial ayuda a disuadir a las personas de cometer delitos”.

El informe refleja una reducción del 33% en los incidentes de violencia armada. Foto septa.org

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En 2025, el superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) fue de 1,4% del producto bruto interno (PIB), mientras que el superávit fiscal global fue del 0,2% del PIB, informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red X.

SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO DE SUPERÁVIT FISCAL PRIMARIO Y FINANCIERO

✅ El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.769.219 millones y un superávit financiero de $1.453.819 millones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente.

✅ En línea con la…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) January 16, 2026

El dato fue suficiente para cumplir con la meta de superávit primario de 1,3% acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina firmó en abril pasado un préstamo de 20.000 millones de dólares.

Argentina no conseguía hilvanar dos años seguidos de balance positivo en sus cuentas públicas desde 2008.

El resultado marca un leve retroceso respecto de los números de 2024, en el que registró un superávit primario de 1,8% y superávit fiscal total de 0,3%.

“El ancla fiscal (déficit cero) es y será una política de Estado”, celebró Milei en su cuenta en X.

Caputo dijo que el equilibrio en las cuentas “es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión y se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026”.

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La ley de presupuesto aprobada por el Congreso argentino en diciembre prevé una inflación del 10,1%, un crecimiento del PIB del 5% para este año y reafirma el objetivo de equilibrio fiscal.

En sus dos años de gobierno, Milei logró el objetivo gracias al ajuste “más grande de la historia de la humanidad”, según sus palabras. La política de la “motosierra” redujo además la muy alta inflación que aqueja históricamente a los argentinos, de 211% en 2023 a 118% en 2024 y 31,5% en 2025.

“El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos”, prometió el ministro.

Por: AFP

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó 2025 como “un año de logros sin precedentes” al asegurar que, desde el pasado 20 de enero, unas 605.000 personas han sido deportadas y cerca de 1,9 millones de indocumentados habrían abandonado EE.UU. de manera voluntaria. Sin embargo, es precisamente esta última cifra la que concentra la mayor parte de los cuestionamientos.

De acuerdo con reportes de agencias de noticias, la Casa Blanca no ha proporcionado datos verificables ni a la prensa ni a organizaciones especializadas que permitan confirmar la supuesta salida voluntaria de casi dos millones de personas. El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, explicó que el Gobierno se basó en el Current Population Survey (CPS), una encuesta mensual de la Oficina del Censo, para estimar estas salidas.

Ruiz Soto advirtió que el CPS ha experimentado cambios importantes desde finales de 2024, entre ellos una reducción en el número de personas que responden el sondeo. A esto se suma que la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Trump podría haber desincentivado a los indocumentados a participar en la encuesta, distorsionando así los resultados. “Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, señaló el analista.

Pese a las dudas, el Gobierno ha optado por destacar el supuesto éxito de su estrategia migratoria. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”. Como parte de esa estrategia, el DHS destinó 200 millones de dólares a una campaña para promover la “autodeportación”, que ofrece un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de regresar legalmente al país a quienes registren su salida mediante la aplicación CBP Home.

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No obstante, solo unas 35.000 personas han notificado su salida a través de esa aplicación, una cifra muy inferior a los 1,9 millones que el Gobierno asegura que se marcharon voluntariamente. Además, el DHS ha dejado de publicar el desglose de las deportaciones, dificultando el seguimiento independiente de los datos.

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El comisionado director Louis Cappelli Jr., expresó a través de un comunicado que, cada vez que se revisan estas cifras, siguen bajando drásticamente, “y cada vez me sorprende más el progreso que estamos viendo”.

“La continua disminución en las muertes por sobredosis nos demuestra que el trabajo que estamos haciendo en el condado de Camden está dando resultados. Cuando nos unimos como comunidad y colaboramos con funcionarios electos, fuerzas del orden, partes interesadas y profesionales de la salud, podemos ofrecer soluciones reales a estas crisis y salvar vidas”.

A criterio de Cappelli, se está dando un paso adelante no solo en Camden, sino también en el país. “Por fin podemos vislumbrar un poco de esperanza tras años de una lucha agonizante contra las epidemias de opioides y sobredosis. Nuestro trabajo en el condado y en todo el país, está lejos de terminar, ya que perder a una sola persona por sobredosis es demasiado, pero nos tranquiliza saber que vamos por buen camino”.

La disminución de muertes por sobredosis en Camden coincide con la tendencia nacional. Según los U.S Centers for Disease Control and Prevention, se estima que hubo 87.000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos entre octubre y septiembre de 2024, una disminución con respecto a las 114.000 del año anterior. Esta es la menor cantidad de muertes en un período de 12 meses desde junio de 2020.

Por su parte, Grace MacAulay, fiscal del condado de Camden, detalló que “juntos, como comunidad, hemos revertido el rumbo de las sobredosis mortales, demostrando que la compasión, la concienciación y la resiliencia pueden salvar vidas. Confiamos en que, con perseverancia, seguiremos viendo resultados extraordinarios”.

Opioides, una lucha que comenzó en 2014

La lucha contra la epidemia de opioides y sobredosis comenzó en 2014, cuando se formó el Grupo de Trabajo para la Concientización sobre la Adicción del Condado de Camden en respuesta al devastador impacto que la crisis de opioides ha tenido en la comunidad.

Este grupo de trabajo está compuesto por estudiantes, padres, maestros, organizaciones cívicas, profesionales médicos, proveedores de salud pública, fuerzas del orden y líderes religiosos. Su principal objetivo es crear conciencia sobre el abuso y la adicción a los opioides, reducir la demanda de estas sustancias, promover los recursos de ayuda disponibles y apoyar el desarrollo de recursos adicionales para tratar y prevenir la adicción a los opioides.

El congresista Donald Norcross precisó que la reducción del 46% en las sobredosis en el condado es un reflejo de que cuando se invierte en reducción de daños y tratamiento con medicamentos, se salvan vidas.

“El grupo de trabajo está demostrando al resto del país qué funciona, y seguiré trabajando en Washington para llevar ese mismo modelo que salva vidas a las comunidades de todo el país”.

En los últimos 10 años, Camden ha implementado varias iniciativas transformadoras destinadas a erradicar las sobredosis, romper el tabú de hablar sobre la adicción y brindar a quienes la necesitan recursos adecuados, como rehabilitación, terapia o tratamiento con asistencia médica.

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Estas iniciativas incluyen:

• Instalar cajas de naloxona en todas las escuelas, parques y edificios propiedad del condado para ampliar el acceso a este medicamento que salva vidas y revierte las sobredosis.
• Elaboración de un programa de medicación para el trastorno por consumo de opioides reconocido a nivel nacional en el Centro Correccional del Condado de Camden que ha demostrado reducir las sobredosis de los participantes a gran escala después de la liberación.
• Utilizar fondos del Acuerdo sobre Opioides para introducir un programa piloto de buprenorfina móvil en el que se dispensa tratamiento asistido médicamente desde una camioneta de extensión comunitaria y se proporcionan kits de naloxona para llevar a casa a pacientes con sobredosis y trastornos por uso de sustancias tratados en departamentos de emergencia.
• Lanzamiento de una amplia campaña de concientización sobre el fentanilo.
• Sesiones de capacitación gratuitas sobre Narcan, tiras de prueba de fentanilo, NaloxBoxes para organizaciones de servicios sociales y apoyo de salud mental para quienes han perdido a un ser querido por un trastorno por uso de sustancias.

El condado ofrece apoyo a los residentes que enfrentan problemas de adicción. Quienes necesiten ayuda profesional gratuita pueden llamar al 1-844-ReachNJ (732-2465), y quienes padecen un trastorno por consumo de sustancias pueden comunicarse con la Oficina de Salud Mental y Adicciones al (856) 374-6361.

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