La autorización permite realizar transferencias, pagos, administración de cuentas, préstamos y operaciones de banca corresponsal con instituciones como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores. También se incluyen entidades en las que estos bancos posean participación igual o superior al 50%.

Aunque la medida no implica una normalización completa del sistema financiero, sí habilita canales formales para servicios bancarios básicos, lo que podría facilitar operaciones económicas vinculadas a remesas, comercio y actividades financieras controladas entre Venezuela y actores internacionales.

Quedan excluidas operaciones relacionadas con bienes congelados, emisión de deuda, bonos, pagos en oro y activos digitales del Gobierno venezolano, manteniendo así un alto nivel de restricciones financieras.

Acceso a servicios financieros básicos

La Licencia General 57 también contempla el acceso a servicios financieros básicos como transferencias, retiros, uso de tarjetas y operaciones digitales. No obstante, mantiene estrictas limitaciones que excluyen a personas y entidades sancionadas, así como transacciones con países como Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, además de ciertas compañías vinculadas a China.

La normativa, publicada en el sitio web de la OFAC, también establece que las instituciones financieras estadounidenses podrán procesar operaciones siempre que no tengan conocimiento de violaciones a las condiciones de la licencia.

Además, se mantienen vigentes las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y otros controles regulatorios, lo que refuerza el carácter supervisado de estas operaciones.

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En este marco, la flexibilización no supone una apertura total del sistema financiero venezolano, sino una autorización selectiva de actividades consideradas esenciales bajo supervisión internacional.

Estas medidas no implican el desbloqueo de activos congelados ni autorizan inversiones nuevas sin permisos adicionales. Tampoco modifican las restricciones estructurales sobre sectores clave como deuda soberana, instrumentos financieros complejos o activos digitales estatales.

En conjunto, la decisión representa un ajuste técnico en la política de sanciones que busca permitir ciertas operaciones financieras básicas, mientras se mantiene el control sobre áreas estratégicas del sistema económico venezolano.

Nuevo jefe de misión diplomática en Venezuela

En paralelo a este ajuste en el régimen de sanciones, Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo jefe de su misión diplomática en Venezuela, en el marco del proceso de normalización de relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro.

Barrett asume así la máxima representación diplomática estadounidense en el país, una posición considerada la de mayor rango después de un embajador, lo que refuerza la presencia institucional de Washington en territorio venezolano.

El nombramiento se interpreta como una señal de acercamiento político gradual, aunque bajo un esquema aún condicionado por las restricciones económicas y de seguridad vigentes, así como por la evolución del escenario político interno venezolano.

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Rodríguez asumió el mando de su país en enero después de que Washington destituyera a Nicolás Maduro en una operación militar.

El nombre de Rodríguez fue eliminado de la “Lista de Nacionales Especialmente Designados”, según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.

Esa lista es la que elabora y actualiza regularmente el Departamento del Tesoro a partir de las actividades de países o entidades consideradas hostiles.

Los “nacionales” pueden ser tanto individuos como empresas de otros países, a las que se prohíbe cualquier tipo de relación económica o financiera con empresas estadounidenses.

“Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, escribió Rodríguez en X.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, agregó.

Rodríguez, de 56 años, era mano derecha de Maduro desde 2018. En septiembre de ese año entró en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Al tomar las riendas del país, y bajo presión de Washington, emprendió rápidamente una serie de reformas económicas, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, muy elogiadas por el presidente Donald Trump.

Además también ha promovido una amnistía política, exigida por la oposición, y ha ido cambiando a personalidades clave del gobierno y del aparato de seguridad del Estado.

En menos de tres meses Washington ha levantado gran parte de las sanciones contra Caracas, principalmente en el sector energético, para alentar las inversiones y ayudar a la reconstrucción del sector petrolero.

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Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene el control sobre las exportaciones del crudo venezolano. El dinero recaudado es ingresado en una cuenta bajo control del Departamento del Tesoro.

Rodríguez había sido objeto de investigaciones durante años por parte de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), como parte de la presión de Washington contra el gobierno dirigido por Maduro, según medios estadounidenses.

Pero esa situación dio un vuelco con su ascenso al poder y su disposición a colaborar con Washington.

Pocos días después de asumir el cargo recibió en Caracas al director de la CIA, John Ratcliffe.

El mes pasado Trump anunció que reconocía a su gobierno como legítimo.

Por: AFP

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Desde la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero, Washington ha vuelto a abrir la puerta para permitir las inversiones extranjeras en los sectores del petróleo, el gas y la minería.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó el viernes tres licencias que facilitan las transacciones relacionadas con el comercio de minerales, “incluido el oro”.

Venezuela es un país rico en minerales. Tiene oro, diamantes, bauxita, coltán y también tierras raras, utilizadas en la producción de computadores y celulares.

La actividad minera en Venezuela se concentra especialmente en un territorio de 112.000 kilómetros cuadrados conocido como Arco Minero, una zona con presencia de grupos armados, incluidas guerrillas y bandas organizadas.

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A principios de marzo, Parlamento de Venezuela dio su primer aval a una nueva ley de minería con mayor apertura a capitales extranjeros, en medio de la renovada relación con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

Por AFP

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Shapiro enfatizó que, si bien la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades, también introduce riesgos significativos. “No podemos permanecer impasibles mientras personas malintencionadas explotan a nuestros niños, engañan a las personas mayores o se hacen pasar por profesionales con licencia”.

“Mi administración está trabajando para abordar estos riesgos y brindar protección real tanto a nuestros niños como a los habitantes más vulnerables. El estado debe ser un ejemplo a la hora de exigir responsabilidades a quienes actúan de mala fe y establecer mecanismos de control que permitan utilizar las nuevas tecnologías de forma responsable”.

Durante la sesión, se destacaron tres iniciativas clave.:

• El lanzamiento de un kit de herramientas de alfabetización en IA, diseñado para orientar a padres, estudiantes y educadores sobre el uso responsable de esta tecnología.
• La creación de un grupo de trabajo especializado en la aplicación de la ley en materia de IA, con el fin de investigar denuncias relacionadas con bots que podrían estar ejerciendo prácticas profesionales sin licencia.
• La coordinación estrecha con la oficina del fiscal general para reforzar la protección del consumidor frente a los llamados “bots de compañía”.

El fiscal general Sunday coincidió en la necesidad de un enfoque integral, destacando que la protección frente a tecnologías dañinas no recae en una sola institución, sino que requiere una colaboración constante entre diferentes agencias.

Testimonios de padres de familia

Uno de los momentos más impactantes de la mesa redonda fue el testimonio de padres de familia, quienes compartieron experiencias directas relacionadas con el uso malicioso de la IA. En particular, se mencionó un incidente en una escuela secundaria de Radnor, donde varias estudiantes fueron víctimas de ataques mediante inteligencia artificial. Este caso evidenció la falta de protocolos claros en instituciones educativas y fuerzas del orden, así como la necesidad urgente de educación digital más sólida.

Los participantes coincidieron en que las escuelas desempeñan un papel fundamental, dado que los jóvenes pasan gran parte de su tiempo en estos entornos. Se subrayó la importancia de capacitar tanto a estudiantes como a docentes para identificar riesgos, comprender los sesgos en línea y desarrollar pensamiento crítico frente al contenido digital.

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El kit de alfabetización en IA, que ya ha sido consultado varias veces desde su lanzamiento, incluye recursos prácticos como estrategias para la seguridad en línea, orientación para el uso educativo de la inteligencia artificial y advertencias sobre posibles estafas. Además, ha sido respaldado por importantes organizaciones médicas y educativas, lo que refuerza su credibilidad.

Además, ya se han comenzado a revisar casos relacionados con el uso indebido de la IA, mientras que el proceso formal de denuncias permite a los ciudadanos reportar situaciones sospechosas de manera accesible.

Estas acciones posicionan a Pennsylvania como un referente nacional en la regulación responsable de la inteligencia artificial. Con propuestas adicionales en el presupuesto 2026-27, el estado busca adelantarse a los desafíos futuros y garantizar un entorno digital más seguro para todos.

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Uno de los principales cambios de esta reforma es la expansión del acceso a la Family Leave Act, permitiendo que más trabajadores puedan solicitar licencias pagadas para atender situaciones familiares y de salud.

A partir de la nueva norma, los empleados deberán haber trabajado al menos tres meses para su empleador actual y haber acumulado un mínimo de 250 horas laborales durante los doce meses previos a la solicitud. Este requisito representa una flexibilización en comparación con regulaciones anteriores, que exigían más tiempo de servicio y un mayor número de horas trabajadas.

Además, la ley reduce el umbral de tamaño de las empresas obligadas a cumplir con estas disposiciones. Mientras que antes la normativa aplicaba únicamente a compañías con 30 empleados o más, ahora se extiende a aquellas que cuenten con 15 trabajadores, y progresivamente podrá abarcar incluso a empleadores con un número menor de personal.

Otro aspecto relevante es la ampliación de la definición de familiares elegibles para la licencia. No solo se incluyen hijos y padres, sino también suegros, abuelos, nietos, hermanos, parejas de hecho, cónyuges y cualquier otra persona con la que el trabajador mantenga una relación cercana equivalente a un vínculo familiar. Este cambio busca reconocer estructuras familiares diversas y brindar mayor protección a quienes asumen responsabilidades de cuidado.

La normativa también refuerza las garantías laborales para quienes tomen una licencia. Una vez finalizado el período de descanso autorizado, el empleado tiene derecho a regresar a su puesto original.

Si ese cargo ya no estuviera disponible, el empleador deberá ofrecer un puesto equivalente en términos de salario, beneficios, jerarquía y condiciones de trabajo. De esta manera, la ley intenta prevenir represalias o perjuicios derivados del ejercicio de este derecho.

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En qué casos se pueden pedir

En cuanto a las situaciones que justifican una licencia familiar, la legislación contempla diversos escenarios:

• Recién nacidos o nuevos miembros de la familia: incluye el nacimiento, la adopción o el cuidado de un niño de manera temporal.
• Condiciones graves de salud: para brindar cuidados necesarios ante una enfermedad física o mental de un familiar.
• Emergencias de salud pública: se permite la licencia si un familiar debe aislarse por recomendación de un profesional de salud debido a una enfermedad contagiosa.

Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, la ley establece multas civiles para los empleadores que infrinjan las normas, con sanciones que oscilan entre $1.000 y $5.000. Además de las multas económicas, los infractores podrían verse obligados a pagar salarios atrasados, restituir beneficios laborales y cubrir honorarios legales en caso de demandas judiciales.

Asimismo, la normativa prohíbe de manera explícita cualquier tipo de represalia contra empleados que soliciten o utilicen licencias familiares. Acciones como despidos, degradaciones, acoso o amenazas relacionadas con el uso de este derecho serán consideradas ilegales y podrán derivar en consecuencias legales para las empresas responsables.

La ley, firmada por el exgobernador Phil Murphy poco antes de dejar su cargo, entrará en vigencia el 17 de junio de 2026, seis meses después de su promulgación.

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La situación en la isla, marcada por prolongados apagones y escasez de insumos esenciales, ha generado un sentido de urgencia entre quienes tienen familiares vulnerables. Manuela Labori, residente en Florida desde hace más de cuatro décadas, envía regularmente paquetes a su madre de 90 años. “Lo que está comiendo es por los hijos que tiene aquí”, relata. Explica que también deben costear y enviar las medicinas que necesita, ya que en los hospitales “no hay nada” para aliviar sus dolencias ni realizar intervenciones quirúrgicas.

Mientras crecen los envíos, también se intensifica el debate político. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió recientemente que Washington estaría incumpliendo el derecho internacional con sanciones decretadas en enero para impedir el suministro de petróleo a Cuba, lo que —según el organismo— contribuye al “desmantelamiento” de los sistemas de alimentación, sanidad y agua.

Sin embargo, parte del exilio respalda abiertamente un endurecimiento de las medidas. Labori considera “buenísimas” las disposiciones del presidente Donald Trump y asegura que deberían ser incluso más estrictas, aunque eso implique dejar de enviar ayuda. “Debería ser un bloqueo completo”, afirma, convencida de que es la única vía para lograr un cambio político en la isla.

De acuerdo con un informe del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, los donativos humanitarios desde Estados Unidos casi se duplicaron en 2025, al alcanzar un valor estimado de 130,9 millones de dólares, frente a 67,8 millones el año anterior. Estos envíos incluyen alimentos, medicinas y ropa.

No obstante, el expreso político Ángel de la Fana, líder de la organización Los Plantados, subraya que la mayoría de los cubanos en la isla no cuenta con familiares en el exterior que puedan auxiliarlos. A su juicio, incrementar la presión internacional es necesario para propiciar cambios estructurales que permitan a la población generar riqueza y producir alimentos.

Solicitud de restricciones

En paralelo, legisladores cubanoestadounidenses de Florida han pedido restringir remesas, vuelos y licencias a empresas con negocios vinculados al Gobierno cubano. Las ciudades de Miami y Hialeah investigan además a cientos de compañías con posibles nexos oficiales, incluidas agencias de paquetería.

El opositor José Daniel Ferrer, quien llegó a Estados Unidos en octubre pasado, sostiene que debería permitirse el envío de insumos básicos, pero prohibirse artículos de lujo o entretenimiento. Otros exiliados, como Usmara Matamoros, temen que más restricciones solo agraven la situación de sus familiares. “¿De qué forma van a vivir?”, se pregunta.

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Entre lágrimas, Teresa Martínez resume el sentir de muchos: envía cada mes medicamentos y alimentos para sus parientes, incluidos dos niños pequeños. Más allá del debate político, dice, la prioridad es que no les falte lo indispensable.

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El Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a 10 individuos y organizaciones de Venezuela e Irán por la compra de drones de diseño iraní y los esfuerzos para adquirir sustancias químicas para misiles balísticos, entre otras cuestiones.

“El Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente propagación de armas mortales en todo el mundo”, dijo John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

“Continuaremos tomando medidas rápidas para impedir que quienes utilicen el complejo militar-industrial de Irán puedan acceder al sistema financiero de Estados Unidos”, agregó Hurley en un comunicado.

El Tesoro de Estados Unidos afirmó que los vehículos aéreos no tripulados y su programa balístico “amenazan a Estados Unidos y a personal aliado en Oriente Medio y desestabiliza el comercio en el mar Rojo”.

Entre los entes sancionados está la venezolana Empresa Aeronáutica Nacional y su presidente, José Jesús Urdaneta González. El Departamento del Tesoro aseguró que la compañía compró drones iraníes.

“La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza a los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, dijo Thomas Piggot, portavoz del Departamento de Estado, en otro comunicado.

Piggot afirmó que la empresa “había contribuido a la venta” de drones de combate “por valor de millones de dólares”.

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“Las organizaciones e individuos designados demuestran que Irán está activamente promoviendo sus vehículos aéreos no tripulados y continúa adquiriendo artículos relacionados con misiles, violando las restricciones de la ONU”, añadió.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos atacó y destruyó un muelle usado por presuntas lanchas del narcotráfico de Venezuela, en el que sería el primer ataque terrestre en la campaña militar contra el tráfico desde América Latina.

Por AFP

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Las acciones de estas personas, a quienes se les prohibió la entrada en Estados Unidos, se asemejan a una “censura” en detrimento de los intereses estadounidenses, justificó el Departamento de Estado.

“Durante demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coercionar a las plataformas estadounidenses para que castiguen los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo”, criticó el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X.

“La Administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial”, añadió.

La medida apunta contra Breton, excomisiario europeo de Mercado Interior y quien lideró la regulación digital en Europa. El francés chocó con magnates tecnológicos, como Elon Musk, por hacer cumplir las normas de la Unión Europea (UE).

El Departamento de Estado describió a Breton como “la mente maestra” detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.

“¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?”, reaccionó el excomisario en X, en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el entonces senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950.

“Un recordatorio: 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA”, agregó Breton. A “nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan”.

Las otras cuatro personas sancionadas con la prohibición de ingreso a Estados Unidos son representantes de oenegés que luchan contra la desinformación y el odio en línea en Reino Unido y Alemania.

La lista incluye a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés), que cayó en la mira de Musk luego de su adquisición de Twitter, renombrado como X.

También a Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la alemana HateAid, organización señalada por el Departamento de Estado de tener como función “reforzar” la DSA.

Completa el grupo Clare Melford, quien dirige el grupo Global Disinformation Index (GDI).

“Ataque”

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump lleva a cabo una amplia ofensiva contra las normas de la UE sobre tecnología que imponen regulaciones a las plataformas, como la notificación de contenidos problemáticos, que Washington considera una violación de la libertad de expresión.

El bloque europeo cuenta con el arsenal jurídico más potente del mundo para regular el ámbito digital.

Estados Unidos se tomó muy mal la multa de 140 millones de dólares impuesta por la UE a principios de diciembre a X, la red social de Musk, descrita por Rubio como un “ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense”.

Pero, en general, Trump tiene a Europa en el punto de mira.

En su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, su gobierno habla de un “borrado civilizatorio” del Viejo Continente.

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Washington apunta además sin distinción a las instancias europeas “que socavan la libertad política y la soberanía”, las políticas migratorias o incluso “el colapso de las tasas de natalidad”.

Jean-Noël Barrot, jefe de la diplomacia francesa, aseguró en X tras las sanciones a las cinco personalidades que “los pueblos de Europa son libres y soberanos y no pueden permitir que otros les impongan las normas que se aplican a su espacio digital”.

Por: AFP

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El impuesto estatal sobre la renta comercial nació en 1968, cuando la tasa general de ventas era del 4%. Con el paso de los años, se ajustó en paralelo al aumento de la tasa impositiva, alcanzando un 6% en 1988. Durante la última década, la Legislatura redujo gradualmente el gravamen en respuesta a la presión de grupos empresariales, dejándolo en 2% en 2024.

Con su eliminación total, las empresas se beneficiarán de un ahorro proyectado de 1.150 millones de dólares en el año fiscal que culmina en junio de 2026. Para el siguiente período, la cifra ascendería a 1.530 millones de dólares.

Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida, celebró la medida: “Al eliminar el impuesto sobre la renta comercial en Florida, se reducirá el costo de hacer negocios en el estado, lo que contribuirá a reducir el costo de vida”. Según Wilson, el cambio permitirá destinar cerca de 3 mil millones de dólares anuales a inversión local, capacitación laboral e innovación.

Aunque la mayoría de las leyes aprobadas durante la última sesión legislativa entraron en vigor el pasado 1 de julio, varias de las más sensibles se implementaron el pasado 1 de octubre. Entre ellas se encuentran:

HB 113: Endurece sanciones para quienes huyen de la policía y modifica la regulación de identificación de vehículos oficiales.

HB 150, “Ley del Policía Estatal”: Tipifica como delito grave de tercer grado la crueldad animal durante desastres naturales.

SB 168, “Ley Tristin Murphy”: Amplía programas de salud mental y tribunales de tratamiento para personas con enfermedades mentales en el sistema de justicia penal.

HB 253: Establece mayores penas contra quienes se hacen pasar por agentes del orden o manipulan matrículas.

HB 687: Incrementa castigos por reincidencia en homicidios vehiculares y conducción bajo influencia del alcohol, además de sancionar la negativa a someterse a pruebas de aliento u orina.

HB 777: Refuerza la legislación contra la seducción de menores, eliminando la “ignorancia de la edad” como argumento de defensa.

SB 948: Obliga a propietarios de viviendas en alquiler a informar a los inquilinos sobre riesgos y antecedentes de inundación.

HB 1049: Incrementa sanciones por acoso o represalias contra jueces y funcionarios judiciales.

SB 1386: Endurece las penas por agresiones a trabajadores de servicios públicos.

SB 1804: Establece la pena de muerte para casos de tráfico sexual de menores de 12 años o personas con discapacidad mental.

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Impacto económico y social

La entrada en vigor de estas disposiciones marca un punto de inflexión en el panorama legal del estado. Por un lado, la eliminación del impuesto comercial es vista como un incentivo para fortalecer la competitividad y estimular la inversión privada. Por otro, las reformas en materia penal y de protección social buscan endurecer la respuesta frente a delitos graves y ofrecer mayor seguridad a comunidades vulnerables.

En conjunto, las medidas representan un doble enfoque: alivio para los negocios y un marco jurídico más severo en temas de justicia y seguridad ciudadana.

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Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron a finales de agosto el mecanismo denominado “snapback”, que permite restablecer en un plazo de 30 días las medidas sancionatorias que habían sido levantadas en 2015 tras un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

Tras el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y el fracaso el viernes de Rusia y China para aplazar la fecha límite, se restablecerán en la noche del sábado al domingo varios castigos severos, que van desde un embargo de armas hasta medidas económicas, salvo que se produzca un giro inesperado de última hora.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró este sábado a los periodistas en Nueva York que Estados Unidos pidió a su país que renunciara a todo su uranio enriquecido, a cambio de una moratoria de tres meses en las sanciones.

“Eso es totalmente inaceptable”, afirmó antes de regresar a Teherán.

Pezeshkian ya había dicho que Francia hizo una propuesta similar, con una moratoria de un mes.

“¿Por qué íbamos a meternos en una trampa así y encontrarnos con la soga al cuello cada mes?”, planteó el dirigente, que acusó a Estados Unidos de presionar a los europeos para que no cedieran.

Irán llamó el sábado a consultas a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido en señal de protesta, según la televisión estatal.

La embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, declaró el viernes que “la escalada nuclear de Irán, detallada en más de 60 informes del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) en los últimos seis años, es una amenaza para la paz y la seguridad”.

No descartó que las sanciones puedan volver a levantarse “en el futuro”.

A lo largo de la semana se multiplicaron las reuniones al más alto nivel al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, para intentar encontrar una solución diplomática.

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Regreso del OIEA

La triada europea E3 considera que Teherán no ha hecho “gestos concretos” para tranquilizar sobre la naturaleza de su programa nuclear.

Habían puesto tres condiciones: reanudación de las negociaciones con Estados Unidos, acceso de los inspectores del OIEA a las instalaciones nucleares de Natanz, Fordo e Isfahán, bombardeadas en junio por Israel y Washington, y un proceso para garantizar la seguridad de las reservas de uranio enriquecido.

Irán suspendió las relaciones con esa agencia de la ONU tras la guerra de 12 días con Israel en junio, pero aceptó a principios de septiembre un nuevo marco de cooperación con el organismo nuclear.

El presidente Pezeshkian aseguró además que Irán continuará adhiriendo al Tratado de No Proliferación Nuclear.

Irán considera ilegal el proceso de restablecimiento de las sanciones, al igual que Rusia y China, que propusieron sin éxito el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU prorrogar seis meses el acuerdo nuclear iraní, que expira el 18 de octubre.

El canciller iraní, Abás Araqchi, acusó a estadounidenses y europeos de “mala fe” y juró que su país “nunca cederá a la presión”, si bien dejó la puerta abierta a las negociaciones.

“Nulo y sin efecto”

En estas condiciones, los analistas temen que algunos países, en particular Rusia, decidan ignorar la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de reimponer las sanciones.

El embajador adjunto de Moscú ante Naciones Unidas, Dmitri Polianski, afirmó el viernes que considera que “cualquier intento de revivir las resoluciones del Consejo de Seguridad contra Irán, que estuvieron en vigor antes de 2015, es nulo y sin efecto”.

En 2015, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China firmaron un acuerdo con Teherán que preveía la supervisión de sus actividades nucleares a cambio del levantamiento progresivo y condicionado de las sanciones.

Estados Unidos, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, decidió en 2018 retirarse unilateralmente del pacto y restablecer sus propias sanciones.

Por: AFP

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